Capítulo 1 Pasado negro: La vida a 450 metros bajo tierra

En julio de 2025, tras los cambios en el combustible de las centrales asturianas de Aboño y Soto de Ribera, la España peninsular bajó por debajo del uno por ciento la potencia instalada para generar electricidad quemando carbón. La misma España que en 1990, cuando comenzaron los planes de reestructuración del sector minero, empleaba aún a 45.212 trabajadores en la minería, más de la mitad en Asturias. La misma que ese mismo año de 1990 extrajo del suelo 35,8 millones de toneladas de carbón autóctono a las que sumó otros 11,7 millones de toneladas importadas para alimentar las insaciables centrales térmicas de generación de electricidad.

En una fecha tan cercana como 2018, España contaba aún con 15 centrales de generación de electricidad con carbón en funcionamiento que sumaban cerca del 10% de la potencia de generación eléctrica instalada a nivel nacional, aunque alimentadas ya mayoritariamente con carbón de fuera.

Desde mediados de 2025, la generación de electricidad con carbón en este país se mantiene solo con unas pocas plantas en funcionamiento, como la de Alcúdia, en Baleares. Desde el 15 de julio al 29 de octubre, solo han entrado unas pocas en operación en ocho días, de forma puntual, con una aportación cercana al 4% del total diario generado.

España está comprometida desde 2015 con los Acuerdos de París y ha esculpido en el BOE su intención de alcanzar la neutralidad neta en emisiones de CO₂ para 2050. Pero París no son solo compromisos climáticos. En el texto del famoso acuerdo se quiso recoger un objetivo mucho menos famoso: la necesidad imperativa "de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad" ligada a los compromisos climáticos. Las zonas que habían estado durante décadas alimentando la demanda energética de la revolución industrial, social y económica de una parte del mundo no podían ser quienes cargasen en solitario con el coste de desconectarse del carbón.

Europa armó para ello fondos milmillonarios con los que ayudar a la transición de las zonas afectadas por los cierres de minas y centrales: el Fondo de Transición Justa. España fue el primer país de Europa en regular una estrategia de Transición Justa al mismo tiempo que aprobaba la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.

¿Cómo de grande era el reto? ¿Hasta qué punto es posible reconvertir a otra cosa zonas de monocultivo económico? ¿Cómo llegaron esas zonas a esa dependencia del carbón?

No es fácil entender la magnitud de las cifras que muestran las gráficas y tablas de los informes sobre el carbón en este país. Hay que ir. De Andorra, en Teruel, a Carboneras (Almería); de Carboneras a Langreo (Asturias). Ir y ver, escuchar y entender que hay un mundo entre las minas a cielo abierto de As Pontes (A Coruña) y las subterráneas de San Martín del Rey Aurelio en Asturias.

Unas, las primeras, con su lignito pardo abundante pero cargado de azufre y poco calorífico, extraído a cielo abierto al modo alemán, a base de rotopalas gigantescas que iban comiendo suelo, casas, carreteras y lo que se pusiera en su camino para dar de comer a la central eléctrica de cuatro grupos térmicos que fue la mayor de España.

Las otras, las minas subterráneas asturianas, con sus vetas de carbón de hulla, de la mejor calidad, pero estrechas y verticales, hincadas en la montaña hasta cientos de metros de profundidad. Vetas extraíbles solo tras abrir pozos e ir creando un edificio al revés, hacia abajo, planta a planta, perforando en cada una de esas plantas largas galerías horizontales en la piedra de sílice hasta llegar al carbón para sacarlo de abajo arriba, creando chimeneas que había que ir apuntalando a mano, poste a poste, una vez extraído el mineral, para que la montaña no se cerrase en el hueco. Tallu picau, tallu posteau. Un trabajo manual, peligroso, rodeado de amenazas como el propio polvo de sílice, causante de la silicosis, o las bolsas de gas grisú y que precisaba de mucha, de muchísima mano de obra.

La inmensa fuerza laboral de las minas y las centrales térmicas modificó totalmente el perfil de las poblaciones en las que se instalaron mucho más allá del skyline inconfundible de chimenea y torres de refrigeración. La plantilla necesitaba casas y casas se construían allí donde se abría una mina y una central. Primero ENCASO (Empresa Nacional Calvo Sotelo) y luego Endesa, que asumió buena parte de sus activos mineroeléctricos, construyeron poblados enteros, primero mineros y luego para las centrales, muchas veces separados incluso por un muro del municipio al que llegaban, con las viviendas divididas por categorías y los barrios con sus propios servicios.

Pero aquellas grandes plantillas también fueron el caldo de cultivo idóneo para los movimientos sindicales. Durante la Segunda República ya aparecen con fuerza reivindicaciones obreras en las comarcas mineras, con uno de sus puntos álgidos en 1934. Pero también en la dictadura, pese a la enorme represión, se sucedieron huelgas históricas para mejorar las duras condiciones laborales de la mina y las centrales. Se hicieron fuertes de huelga en huelga, década a década y convenio tras convenio, y lograron condiciones que resultaron en jubilaciones y prejubilaciones de las más tempranas y mejor pagadas del país.

A su sombra creció otra enorme fuerza laboral, mucho menos protegida, formada por los trabajadores de las empresas auxiliares. Y junto a todos ellos: hostelería, talleres, alojamiento, sociedades enteras dependían del carbón. Cada periodo de revisión de una central térmica era una fiesta. Llegaban entonces a los municipios centenares de trabajadores que durante semanas engrasaban la economía local.