Desaladoras:
viaje a los rotos de la fábrica del agua

Siurana habló de otro proyecto de mucha más envergadura, de la cada vez más cercana posibilidad de cumplir con el gran sueño de Fabra, su propio parque temático a imagen y semejanza de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia y del Terra Mítica que Eduardo Zaplana había impulsado a la espalda de Benidorm (Alicante) sobre las cenizas del incendio de Sierra Cortina. Un parque, el de Terra Mítica, que acabó en un escándalo de corrupción y facturas falsas además de un fiasco económico.

Fabra llevaba años pidiendo uno en Castellón y exigiendo públicamente a su propio partido el mismo apoyo de la Generalitat Valenciana que había tenido Terra Mítica, la financiación de las cajas valencianas (Bancaja y CAM, que acabaron rescatadas) y la misma fórmula de empresa pública que el otro. Iba a llamarse Mundo Ilusión y a dedicarse al circo y la magia.

A su alrededor, se extendería un PAI de 18 millones de metros cuadrados, el mayor plan urbanístico de España, para viviendas, hoteles y campos de golf mayoritariamente en tierras de Cabanes pero también en parte de la vecina Oropesa. Le había sido adjudicado en dos plenos simultáneos en Oropesa y Cabanes también al grupo de Jesús Ger. Fabra había logrado incluso arrancar a Francisco Álvarez Cascos, entonces ministro de Fomento, el impulso de un aeropuerto junto al proyecto, "el aeropuerto del abuelo", les dijo a sus nietos en la inauguración cuando quedaban años para que los aviones empezasen a aterrizar en él pero ya se gastaban millones en dinero público para promocionarlo.

Un cambio del Gobierno de Zapatero en la Ley de Aguas obligaba a que los nuevos desarrollos urbanísticos que implicasen nuevas demandas de agua contasen previamente con "el informe de la Confederación Hidrográfica", pronunciándose "expresamente sobre la existencia de recursos suficientes".

El único problema: había que conseguir un informe de la confederación hidrográfica que certificase expresamente que de los grifos de las casas, los hoteles, las instalaciones de ocio saldría agua. A 200.000 euros el apartamento en Torre la Sal, qué menos.

Ni el PP ni el PSOE hicieron gran cosa por apagar la música de la fiesta del ladrillo pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, además de dar la vuelta al Plan Hidrológico Nacional suprimiendo el trasvase del Ebro y sustituyéndolo por el fomento de la desalinización y la regeneración de aguas residuales, había introducido un importante cambio en la Ley de Aguas.

Un cambio en el artículo 25.4 que implicaba que los nuevos desarrollos urbanísticos necesitaban para lograr las licencias de obra un informe de la autoridad competente del agua en el que se pronunciase "expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes". La consecuencia estaba clara: sin agua, no había ladrillo.

Terremoto legal en la costa

Aquello se había convertido en un dolor de cabeza municipio tras municipio costero, que en zonas con los acuíferos al límite por el regadío y en plena sequía veían peligrar los crecimientos dibujados sobre plano en el pico de la burbuja inmobiliaria.

A 50 kilómetros de Cabanes, en Moncófar, gobernada por el PSOE, aquello ponía en riesgo los planes de una población de 8.000 habitantes que alcanza los 40.000 en verano y que había dibujado edificios sobre el mapa como para alcanzar los 120.000. En Xixona, Mutxamel, Javea (Alicante), veían peligrar los miles de viviendas planificados. A 300 kilómetros, en la Región de Murcia, gobernada por el PP, llevaban desde enero de 2005 inmersos en una actividad frenética de informes y asesores para ver cómo esquivar aquella pretensión del Gobierno central de dar el visto bueno al urbanismo desde las autoridades de agua.

La solución, tras la derogación del trasvase del Ebro, les pareció evidente. Si tenía que ser con agua desalada, sería con agua desalada. En Murcia aún fueron más allá. Si tenían que crear por ley su propia autoridad hidrológica que emitiese los informes favorables, la crearían.

Quién usa el agua del mar

España está rodeada casi por todas partes por un inmenso volumen de agua que, así tal cual, no puede beber ni usar para riego: es salada. Este país no ha renunciado ni mucho menos a utilizarla. Fue el primer país europeo en construir y poner en funcionamiento una planta desalinizadora de agua de mar, en Lanzarote allá por 1965, cuenta con la mayor planta de Europa de agua desalada y la mayor destinada exclusivamente al abastecimiento urbano, se encuentra en los puestos de cabeza del ránking mundial por capacidad de producción de agua desalada, por detrás de países del tamaño de EEUU o desiertos como Arabia Saudí y exporta experiencia y personal cualificado en esta área.

Origen del agua en las cuencas hidrográficas con desaladoras

El 90,7% del agua que se consume en Lanzarote es agua de mar desalada. En Fuerteventura, el 79,6%. En Ceuta, el 85,2%. En la Cuenca del Segura la producción de las desaladoras de Acuamed destinadas al riego está al límite de la capacidad de desalación y varias plantas están ya en proceso de ampliación para atender la demanda. Hay decenas de municipios que beben agua desalada de cuatro plantas gestionadas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, además de recursos de otras plantas del Segura que comparten con el regadío. Hay grandes ciudades, como la ciudad de Almería, con su propia desaladora de gestión municipal como recurso imprescindible para el abastecimiento urbano.

Y ciudades costeras con grandes picos turísticos poblacionales, como la alicantina de Jávea, que llevan más de dos décadas con el suministro de agua respaldado por una desaladora dedicada al abastecimiento urbano que se considera un éxito y que, ahora que ha vencido la concesión con la empresa privada, el municipio se plantea gestionar de forma directa. España usa ampliamente desde hace décadas esta posibilidad.

Sin embargo, en plena sequía, mientras afloran pueblos enteros otrora inundados por pantanos, los acuíferos están al límite en buena parte de las cuencas mediterráneas y se despliegan soluciones de emergencia de todo tipo, otra realidad emerge: hay desaladoras casi paralizadas a pesar de los cientos de millones invertidos en ellas. Desaladoras a las que les falta el último tramo de canalización para llevar el agua donde iban a llevarla. Plantas que pertenecen a empresas privadas con las que se firmaron contratos de alquiler que hoy suponen decenas de millones al año aunque la desaladora prácticamente no se use. Plantas construidas en terreno inundable que, al año de construirse, se inundaron y llevan una década sin funcionar. La mayoría de ellas están ligadas al ladrillo, a pesar de que el gran demandante de agua en prácticamente todas las cuencas es el sector agrario.

Destino del agua en las cuencas hidrográficas con desaladoras

España no tiene memoria de sus sequías y eso, además de haber supuesto un enorme daño para los acuíferos, que se han utilizado para incrementar regadío en las épocas en que sí llovía, también ha aparcado planes y mantenido fuera del foco la situación de desaladoras construidas con cientos de millones de euros y prácticamente sin uso. Ahora que, con la sequía afectando ya al abastecimiento humano, se vuelven a acelerar las medidas para sacar las desaladoras infrautilizadas del coma, es momento de contar la historia de cómo hemos llegado hasta aquí.

Como ocurre con numerosas cuencas hidrográficas en España, el gran demandante de agua en la cuenca del Júcar (abarca parte de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Región de Murcia) es el sector agrario.

Por potente que sea el sector turístico en buena parte de la cuenca, con una población permanente de algo más de 5 millones de personas que se transforma en una población total equivalente de 5,5 millones si se desestacionaliza la población estival, no hay comparación con la demanda agraria. Tras ella está buena parte del daño a los acuíferos. En provincias como Castellón, prácticamente la totalidad del agua para abastecimiento urbano y agrario es subterránea.

De los dos recursos objetivo del Programa A.G.U.A., en el Júcar se reutiliza agua residual regenerada en mucha mayor cuantía que en la mayoría de las cuencas, salvo la del Segura. Aún así, solo se destina a riego (actualmente el único uso posible por ley para el agua regenerada en España) un tercio. En el Júcar se regeneran al año 303hm³ de aguas residuales y se reutilizan 90hm³.

Producción de las desaladoras de Acuamed en la cuenca del Júcar en 2021

Fuente: Acuamed

En cuanto a la desalación, se planificó no para el gran demandante, el regadío, sino para abastecimiento de casas, muchas de las cuales ni siquiera existían. Desde los municipios costeros de Castellón, el Consorcio de Aguas de la Plana y la Diputación de Castellón, políticos de uno y otro signo repiten el mismo mensaje: tienen agua subterránea suficiente para seguir siendo su principal recurso, para lo que se han hecho numerosos estudios hidrogeológicos; quieren integrar el agua desalada y mezclarla con el resto de orígenes para diluir su precio pero no van a renunciar al agua de acuífero a cambio; el Estado debe asumir la inversión de las desaladoras aunque los municipios asuman una parte de la inversión para su uso de forma consorciada; y el regadío, por el momento, no va a pagar el precio del agua desalada cuando la de pozo "es gratis" (salvo el coste de la energía de extraerla y conducirla a las parcelas).

Las prisas y el lastre de la burbuja

En el municipio castellonense de Moncófar, donde el convenio firmado con Acuamed dice que tienen que pagar un millón de euros al año en un municipio con un presupuesto anual de 10 millones, reniegan hoy de aquella época del pico de la burbuja y de la reclasificación frenética de terrenos otrora de cultivo o improductivos. Conviene sin embargo mirar al pasado y ver cómo los periódicos de entonces muestran una borrachera en la que las calles del municipio se iban llenando de coches deportivos donde antes circulaban utilitarios comunes más o menos envejecidos y cómo en alguna boda se llegó a gritar ¡Vivan los PAI!, en lugar de ¡Vivan los novios! en reconocimiento a la fórmula de reclasificación del terreno que iba engendrando nuevos ricos de la noche a la mañana.

En una carta enviada al Ministerio de Medio Ambiente en 2005 desde la Diputación de Castellón se pidió "que Acuamed priorizase los estudios de desalación en esta zona para garantizar las necesidades de abastecimiento de la forma más rápida posible"

De cómo en la vecina Cabanes se esperaba a los que llamaban "testigos de Jehová", los enviados de los agentes urbanizadores que visitaban a los dueños de los terrenos que habían caído en la parte reclasificada de un PAI, para ofrecerles comprárselos a un precio impensable días antes. La división de la población en los de "las casas del sí" y "las casas del no", dependiendo de si sus tierras estaban en el lado afortunado del plano. También quienes, no queriendo vender ni participar de los planes urbanísticos, se vieron forzados a una de las dos opciones por una legislación, la autonómica valenciana, que daba todo el poder al agente urbanizador, aunque no tuviese una maceta de terreno, una vez los ayuntamientos le aprobaban el PAI.

El 12 de abril de 2006, dos plenos simultáneos en ambos municipios daban el visto bueno a la firma del convenio con Acuamed. El día 21, Artemio Siurana por Cabanes y Rafael Albert Roca (PP) por Oropesa, rubricaban el acuerdo con la sociedad estatal. La actuación, recoge dicho convenio, "tendrá una financiación europea" que se estimó provisionalmente en el 20%. El resto lo pagaría inicialmente Acuamed, la mitad con fondos propios, la mitad con créditos bancarios. Eso dinero había que devolverlo.

El esquema es muy similar en cada uno de los convenios firmados por Acuamed con ayuntamientos del Levante. También la obligación de devolver el dinero por los ayuntamientos firmantes, salvo la subvención europea.

"Esta financiación aportada por Acuamed será recuperada por la sociedad estatal mediante las tarifas de amortización abonadas, respectivamente, por el Ayuntamiento de Cabanes y el de Oropesa del Mar". En el caso de Oropesa/Cabanes, el convenio establecía que los ayuntamientos pagarían la obra, unos 40 millones de euros (una vez restados los 16 millones que aportó Europa), durante 25 años.

Las prisas fueron mayores que los tiempos que lleva construir una desaladora. Hasta junio de 2007, Acuamed no hizo pública la convocatoria para la redacción del proyecto y ejecución de la planta desaladora de Cabanes. Eso sirvió para que la Generalitat permitiese simultanear las obras de tres edificios de Torre la Sal con la construcción de la planta pero, terminados los edificios, aún no tenían agua. Según la normativa de urbanismo valenciana, sin agua en los grifos no se podía dar la licencia de ocupación, el último paso para que el constructor pudiese cobrar. Ante la negativa de garantizar el agua de la empresa que abastecía al municipio, se optó por armar un acuerdo con una de nueva creación y participada por el grupo constructor. Con ello, se dieron las licencias de ocupación desde el ayuntamiento, abriendo la puerta a que el constructor ejecutase los contratos de compraventa. No se siguió construyendo. La burbuja había estallado.

Torre la Sal quedó con tres edificios, un millar de viviendas frente a las 6.600 planificadas, rodeadas de solares urbanizados pero huérfanos de las viviendas que aparecían en el folleto, un PAI que ha vivido problemas de falta de servicios desde entonces. Desde las viviendas de uno de ellos, el edificio Mediterráneo, que a punto estuvo de ser demolido tras ser declarado ilegal por la Justicia ante las numerosas irregularidades de las licencias con respecto al agua, se ve la desaladora de Oropesa-Cabanes, que está a un tercio de su capacidad pero al menos sí sirve de abastecimiento a una parte de los municipios.

En Moncófar, la planta está solo al 3% de su capacidad de producción. El motivo de ponerla en funcionamiento no fue otro que impedir la devolución de los fondos europeos por incumplimiento de los plazos acordados. Mientras toman forma los acuerdos con el Gobierno central y las nuevas infraestructuras que llevarán agua de la planta al punto de distribución de agua potable del Consorcio,el Ayuntamiento ha seguido buscando usuarios. Recientemente ha alcanzado un acuerdo con una empresa cerámica, que se encargará de financiar la canalización, para suministrarle agua de la desaladora. La vecina Xilxes, que también firmó un convenio con Acuamed para esa misma planta antes de su construcción, no se ha visto en la misma situación que Moncófar porque Acuamed no llegó a construir la canalización necesaria para que le llegue el agua.

La onda expansiva del estallido de la burbuja inmobiliaria fue borrando los inmensos planes urbanísticos de la costa pero la deuda de los ayuntamientos, es decir, de sus vecinos y sus arcas municipales con Acuamed, siguió viva.

Las desaladoras no solo se levantaron en algunos casos para usuarios de viviendas por construir. Incluso se firmaron ampliaciones de las plantas antes de que se acabasen las obras originales. Fue el caso del convenio de Benicassim con la de Oropesa-Cabanes o de Xixona con la de Mutxamel-El Campello.

Torre la Sal quedó paralizado, el PAI Mundo Ilusión Golf fue anulado por el Tribunal Supremo, los planes de miles de viviendas previstas de Xixona acabaron siendo parte del llamado caso Azud, una trama de cobro de mordidas para adjudicaciones urbanísticas en administraciones del PP y el PSPV entre 1999 y 2013… La onda expansiva fue borrando los inmensos planes urbanísticos pero la deuda de los ayuntamientos, es decir, de sus vecinos con Acuamed siguió viva.

En mayo de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Sagunto aprobaba por unanimidad solicitar al Estado a través del presupuesto del Miteco que asuma el presupuesto de la puesta en marcha y mantenimiento de la desaladora. Sagunto se ha negado durante años a abonar las cuotas que le giraba Acuamed, motivo por el que el Miteco optó por llevar al municipio a los tribunales. Hace unos días se ha conocido la sentencia de un tribunal contencioso administrativo que da la razón a Sagunto en su decisión porque el procedimiento no se hizo adecuadamente. Todo ello mientras la planta va al fin a encontrar uso gracias a la instalación de una gigafactoría de baterías de Volkswagen en Parc Sagunt II y a la solución temporal para enviar a Barcelona en barco agua producida por la planta.

En marzo de 2019, todos los partidos integrantes del Ayuntamiento de Cabanes "solicitaron al Ministerio de Transición Ecológica" que asumiera también "el coste total de la construcción de la desaladora de Cabanes-Oropesa del Mar". Era una declaración tras las últimas negociaciones entre Acuamed y el equipo de Gobierno de Cabanes. La concejala de urbanismo de Cabanes, Dolores Torreblanca, del PSOE, le echó la culpa al convenio firmado por el PP. "Estamos a favor del uso del agua procedente de las desaladoras pero no a cualquier precio".

En casos como Moncófa, Oropesa o Benicassim los pagos se han ido retrasando mediante la firma de convenios transitorios con Acuamed por periodos de cinco años. En el caso de Moncófar siguen negociando estos días un nuevo convenio transitorio, esta vez de tres años, a la espera de que llegue el acuerdo definitivo que les libere de la losa del convenio con Acuamed. Su alcalde, del PP, echa la culpa a la deuda que dejó el PSOE.

Desaladoras paradas, acuíferos al límite

Mientras los políticos se tiran los trastos del pasado a la cabeza, la provincia de Castellón, donde se localizan dos de las desaladoras de Acuamed más infrautilizadas del país, "atiende la práctica totalidad de su demanda" (urbana, industrial y la mayor parte de la agrícola) "con aguas de procedencia subterránea". El agua superficial escasea y, sobre parte de ella, especialmente en el caudal que puede considerarse relevante, que es el del río Mijares, "persisten derechos históricos de uso", tan históricos que se remontan a sentencias arbitrales del siglo XIV.

Como consecuencia de esa fuente casi exclusiva, hay "acuíferos fuertemente sobreexplotados y sometidos a un progresivo deterioro de la calidad de sus aguas, especialmente en las regiones costeras", donde soportan "la mayor densidad de población, incrementada en el periodo estival por un importante movimiento turístico", explica el Plan Director de Abastecimiento de Agua Potable de la Provincia de Castellón de 2019, elaborado a instancias de la Diputación de Castellón.

Sorprendente, en el país de las guerras políticas del agua, a nivel provincial todos los partidos de Castellón están de acuerdo en generar una red de distribución común que permita a todos los municipios, tanto costeros como de interior, los que tienen agua más barata y más cara, asegurarse el abastecimiento y hacerlo a un precio similar. Las desaladoras están en la ecuación pero si el Estado asume la inversión en las plantas.

Aunque aún no hay convenio entre el Miteco, lo que sí se sacó a concurso a mediados del año pasado, antes de las elecciones autonómicas y municipales fue la redacción del proyecto que permitirá conectarlas con los depósitos y redes de abastecimiento actuales. Se trata de cuatro obras con 17 millones de euros de presupuesto que conectarían la desaladora de Moncofa con Aguas de la Plana a través del depósito de Las Pedrizas en Onda; otra la Plana Baixa con el Aljibe de Castellón; una tercera que uniría la desaladora de Oropesa con Torreblanca y la cuarta para conectar la de Oropesa con el consorcio Pla de l’Arc. Todos los grupos políticos regionales, con el liderazgo de Ignasi García, de Compromís, llegaron a un acuerdo de reparto del coste del agua aunque algunos saliesen perdiendo en la tarifa mediante el envío del agua desalada al punto común de reparto.

Según el Plan de Sequía aprobado en 2023 en la Demarcación Hidrográfica del Segura, los recursos anuales desalinizados alcanzan los 302hm³/año, de los que 223 se destinan a riego. Además se reutilizan 142hm³ de aguas regeneradas, de las que 94hm³ lo hacen de forma directa (sin haber sido vertidas a dominio público hidráulico).

La Demarcación Hidrográfica del Segura afrontó el cambio en el Plan Hidrológico Nacional y la derogación del trasvase del Ebro con el pragmatismo habitual. ¿Querían trasvase? Sí, por supuesto. Pero si les daban agua desalada y regenerada y servía para regar, no iban a dudar en usarla. Toda.

En el Segura, el 24% de la demanda de uso agrícola se atiende con recursos superficiales; el 14% con recursos subterráneos renovables; el 13% con recursos trasvasados del Tajo, el 15% con agua de desaladora y el 14% con otros, entre ellos, el agua regenerada reutilizada.

A pesar de este uso de toda fuente de agua de la que disponen, aún se atiende un 14% de la demanda con aguas subterráneas no renovables, "procedentes de acuíferos sobreexplotados" y "se deja sin atender un 6% de la demanda, cantidad esta que constituye el déficit de aplicación, ligado principalmente a la falta de garantía de los regadíos vinculados al trasvase Tajo-Segura", explica el Plan de Tercer Ciclo de la cuenca.

Producción de las desaladoras de la cuenca del Segura en 2022

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura, Mancomunidad de los Canales del Taibilla

En la cuenca del Segura hay cuatro desaladoras (Alicante I y II, San Pedro I y II) destinadas exclusivamente a abastecimiento urbano y gestionadas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Es destacable que la desaladora de Valdelentisco, propiedad de Acuamed y que actualmente destina a riego el 54% de su producción y tiene ya planes de ampliación, no estuvo exenta de polémica en sus inicios de nuevo por el ladrillo.

Su ubicación ya es llamativa, en comparación a otras plantas. Situada en la Rambla de Valdelentisco, entre Mazarrón y Cartagena, durante su construcción las obras se vieron paralizadas por activistas de la asociación ANSE y Greenpeace que desplegaron una pancarta con el lema: "Destruir para especular". La planta se levanta en un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y se puso en duda, dados los planes urbanísticos que existían en la zona, que el destino final del agua fuese alimentar nuevas viviendas. El estallido de la burbuja dejó también buena parte de aquellos planes en barbecho.

Lo que está fuera de duda es que la diferencia fundamental en la mayoría de las desaladoras de Acuamed levantadas en el Segura con respecto a las del Júcar es que se planificaron pensando sobre todo en el regadío. La Confederación Hidrográfica del Segura fue la encargada de firmar los convenios con Acuamed para la construcción de las plantas para la parte de agua de riego, mientras las comunidades de regantes firmaban acuerdos bilaterales con la empresa estatal.

Como recoge Acuamed en presentaciones sobre plantas desaladoras destinadas a regadío, "los convenios destinados a suministro de riego se han firmado con un precio definido por unidad de producción (m³) suministrado que no cubre los costes de explotación y a menudo ni los de operación y mantenimiento". Todo ello acaba provocando una "subvención cruzada de los ingresos de abastecimiento" de Acuamed "hacia el uso de riego". El Gobierno destina millones de euros a ampliaciones de capital de Acuamed para paliar ese déficit.

La Memoria de 2022 de la CHS muestra cómo en la cuenca ya se han analizado incluso las solicitudes de concesión de agua desalada del agua futura que está previsto que se produzca tras las ampliaciones de las plantas. Se trata una vez más de dar agua a lo que en la CHS llaman "demanda no atendida" e "incumplimiento de los criterios de garantía previstos en la Instrucción de Planificación Hidrológica".

En la Demarcación del Segura se encuentran miles de hectáreas declaradas zonas regables de interés nacional que se transformaron al regadío con la vista puesta en unas previsiones de llegada de agua a través del Trasvase Tajo-Segura que nunca llegaron a las cantidades máximas estimadas.

En lugar de ajustar la demanda a esa realidad, desde hace más de 40 años se han buscado fuentes alternativas de agua e incluso se miró hacia otro lado tanto desde el Gobierno regional como desde la CHS ante la proliferación del regadío ilegal (sobre suelo no regable y con agua sin concesión) en miles de hectáreas. Descartado el trasvase del Ebro, aunque se han seguido pidiendo recursos externos a la cuenca, no se tardó en planificar otros pensados para el regadío.

Actualmente se está destinando 60hm³ al año a regadío y 20hm³ al año a abastecimiento. En la ampliación de la planta está previsto añadir 40 hm³ de capacidad que irán íntegramente destinados al regadío, lo que con el cambio previo significará que el riego reciba hasta 100hm³ y el abastecimiento urbano, 20hm³. Se prevé además que las desaladoras de Valdelentisco y Águilas alcancen los 70hm³ de capacidad cada una. En la ampliación se mantiene además la excepción al principio de recuperación de costes para el agua que vaya a las zonas regables del Trasvase, lo que enlaza con la orden de febrero de 2023, que pone un precio máximo que se podrá mantener hasta 10 años.

Esta política no es barata. El coste se puede ver negro sobre blanco de nuevo en el Segundo Convenio del Miteco con Acuamed de junio de 2023. En él se recogen las ampliaciones de capital que va a inyectar anualmente el Miteco a Acuamed hasta 2027. Se incluyen 311 millones de euros en 2023 para infraestructuras (142 millones); 111 millones (sumado 2022 y 2023 para cubrir los déficits del decreto 4/2022); 242 millones para los déficits de los déficits del régimen transitorio de la orden 15/2023 de 21 de febrero y 209,4 millones para cubrir las pérdidas previstas en los convenios deficitarios de riego con agua desalada.

¡Sorpresa! La única desaladora infrautilizada del Segura se construyó para el ladrillo en el pico de la burbuja

En la misma Cuenca del Segura, el resultado fue muy diferente cuando, en el pico de la burbuja, el Gobierno autonómico decidió construir su propia planta desaladora de agua de mar destinada a proyectos urbanísticos futuros. Como reconocieron en la comisión de investigación al respecto celebrada en 2016 en el Parlamento Regional de Murcia tanto el expresidente Ramón Luis Valcárcel como el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, hoy ambos imputados y pendientes de juicio por este caso, la desaladora fue un proyecto en respuesta al cambio en la Ley de Aguas del Gobierno de Zapatero y la modificación del artículo 25.4. Ese cambio, que obligaba a la obtención de un informe de la CHS donde se certificase expresamente la disponibilidad de agua para cualquier nuevo proyecto urbanístico, supuso un varapalo que el Ejecutivo del PP de la época no estuvo dispuesto a aceptar. El problema es cómo se hizo.

El mismo mes que se aprobaba esa modificación en el Parlamento nacional, la Región de Murcia creaba su propio Ente Público del Agua para esquivar la obligación de depender de la Confederación Hidrográfica del Segura. En el horizonte, macroproyectos urbanísticos como Novo Carthago y Polaris World podían verse paralizados. Según reconoció Varcálcel, pasaron seis meses estudiando y armando los informes necesarios para darle forma al instrumento que les permitiese contar con su propia autoridad de agua, capaz de dar las concesiones a las que obligaba la ley de un modo "ágil". Nada se encargó a los servicios públicos del Gobierno autonómico. El estudio jurídico lo hizo el despacho Ariño y Asociados; el económico, Cuatrecasas; y la parte técnica se encargó a una empresa israelí, Tajal International B.V.

Las concesiones tenían que tener respaldo en agua real y por eso, tras el Ente Público del Agua, el siguiente paso fue el proyecto de creación de una desaladora regional. La planta en sí nunca fue pública. Siguió perteneciendo al grupo ACS a través de Hydro Management, aunque se construyó con un crédito de 111 millones de euros de Banesto avalado por la Administración pública y sobre suelo público. Según el acuerdo original, la planta (privada como se ha dicho) se alquilaría por un plazo de 25 años a la empresa Desaladora de Escombreras S.A., participada al 51% por capital público y el resto por la propia Hydro Management. El socio privado se guardó bien las espaldas, incluyendo una cláusula por la que, si se dejaba de pagar el alquiler, tendrían que abonarse la totalidad de las cuantías calculadas hasta 2034, una cantidad que va aumentando año a año y que, según las últimas cuentas de Desaladora de Escombreras S.A. publicadas antes de su disolución, suma 600 millones de euros.

La desaladora debería haber empezado a funcionar en 2007. Y ciertamente se inauguró ese año pero aún sobrevuelan las dudas de si el agua que salió de aquella tubería lo produjo la planta o fue traído expresamente para el acto inaugural. Valcárcel diría en la comisión de investigación que si el caudal fue poco ese día es porque estaba en pruebas. Lo cierto es que la desaladora no empezó a funcionar hasta el año 2009 y para entonces la crisis inmobiliaria y financiera ya estaba reventando los cimientos de la economía española y los proyectos urbanísticos caían uno tras otro. Las canalizaciones previstas hasta los ayuntamientos con los que había cerrado convenio el Ente Público del Agua se dejaron a medias. Aquel año, las pérdidas de Desaladora de Escombreras S.A. alcanzaron los 800.000 euros precisamente porque empezó a funcionar.

Al año siguiente, 2010, el Gobierno de Murcia deja de hacer las transferencias a Desaladora de Escombreras S.A. (51% pública y el resto del socio privado) para pagar el alquiler de la planta (propiedad, esta sí, del socio privado) y justo ese año el socio privado decidió irse del capital de la empresa mixta. El acuerdo había previsto que su salida se hiciese total en todo caso en 2030 pero se adelantó 20 años. Según declaró Valcárcel, igual que la estructura público-privada le había parecido perfecta cuando no había crisis porque, dijo, así las pérdidas de la empresa no sumaban al déficit regional (una concepción que Europa ha desmentido una y otra vez a España); cuando llegó la crisis le pareció igual de bien facilitar la salida del socio privado porque era una gran oportunidad de controlar el 100% de la empresa.

En diciembre de 2013, según reconoció el propio Valcárcel en la comisión de investigación de la desaladora de Escombreras, el expresidente de la Región de Murcia fue a ver a Florentino Pérez para tratar de evitar que se ejecutase la clásula que obligaba al pago en una vez de los 600 millones de alquiler de la planta pactados hasta 2034. La filial de ACS había salido del capital de la empresa mixta el mismo año en que habían empezado los impagos del alquiler.

Lo impagos del alquiler pasaron a recaer exclusivamente sobre los hombros públicos, y en 2012, las dos empresas filiales de Cobra (entonces del grupo ACS) que tenían contrato con Desaladora de Escombreras (Tedagua, que tenía el contrato de mantenimiento, y Hydro Management. que era la que le alquilaba la planta) presentaron sendas demandas judiciales. Se debían para entonces algo más de 22 millones de euros y la demanda implicaba la posibilidad de que se activase la cláusula del contrato y se tuviesen que pagar los 600 millones.

Ante esa situación, según reconoció el propio Valcárcel en la comisión de investigación, el entonces presidente de la Región de Murcia se fue a hablar con Florentino Pérez, presidente de ACS. Fue el 23 de diciembre de 2013. De allí salió un acuerdo. Murcia pagaría lo atrasado en 4 años y seguiría atendiendo los compromisos del contrato. Aunque la desaladora no sirviese ni un cubo de agua.

La desaladora tiene que hacer frente a ese y otros gastos independientemente de los ingresos que reciba. Esto obliga al Gobierno de Murcia a dotar cantidades millonarias cada año en los presupuestos de la Región, que para 2024 son de 42 millones de euros. La enésima paradoja de este caso es que al final la desaladora del ladrillo acabó sirviendo buena parte del agua producida a regantes del Campo de Cartagena. El nuevo problema: la desaladora estuvo meses sin recibir un euro de ingresos debido a que la CHS le indicó que dejase de suministrar a regantes sin concesión mientras se revisan las solicitudes hechas para darle destino al agua producida por la planta.

Los ayuntamientos con los que se pretendió llegar a un acuerdo desde el Gobierno de Murcia impulsor en su momento de la desaladora carecen de sentido puesto que nunca se construyeron las canalizaciones para llevar el agua a esos destinos. Ahora se prevé que vaya incrementando el regadío como destino. De momento, se ha dado el visto bueno a la construcción de otra desaladora junto a la primera que utilice su emisario de salmuera.

El pasado mes de febrero se anunció un acuerdo con el Gobierno andaluz para llevar agua en barco desde esta planta a puertos andaluces para su distribución.

Las cuencas mediterráneas andaluzas, gestionadas por el Gobierno de Andalucía por ser intracomunitarias, cuentan con 6 desaladoras de las que dos no están en uso en plena sequía y llama la atención que su destino era el riego. Por el contrario, las plantas de Almería, El Atabal (Málaga) y Marbella, destinadas al abastecimiento urbano, han permitido garantizar el suministro a las ciudades a las que dan servicio en los momentos más duros de sequía.

Producción de las desaladoras de las cuencas mediterráneas andaluzas

Fuente: Acuamed y Junta de Andalucía

Según el Plan Hidrológico 2022-2027 de la cuenca, se ha pasado a un uso de agua desalada medio de 77,4hm³ al año, muy superiores a los 43 hm³ del ciclo anterior. El principal aumento se debe al agua desalada producida en Almería, dice el plan, que añade que el caso almeriense contrata con "casos como el de la Costa del Sol Occidental, en los que los recursos procedentes de la desalación se están infrautilizando ampliamente por razones económicas y, en su lugar, se están sobreexplotando los recursos subterráneos, dando lugar a grandes déficits".

En Almería se encuentra la planta de Carboneras, con una producción de 42hm³/año que abastecen unas 7.000 hectáreas del campo de Níjar, con el precio del agua también subvencionado parcialmente, y a una población estival de más de 200.000 habitantes. Es una de las plantas decanas, inaugurada en 2005 y en la que se han invertido 135 millones de euros. Actualmente se prevé dotarla de un parque fotovoltaico en el que se van a invertir 54 millones de euros.

También es relevante, por ser ejemplo de planta destinada a abastecimiento urbano, la Desaladora de Almería, que no es estatal sino promovida por el Ayuntamiento de Almería, se inauguró en 2006 tras una inversión de 38,2 millones de euros y tiene una capacidad de producción de 20hm³/año.

Entre las paradas, la del Mar de Alborán, conocida anteriormente como Rambla Morales, que con una capacidad de producción de 22hm³/año fue impulsada por los propios regantes a crédito y, cuando estalló la burbuja financiera, acabó en manos de La Caixa hasta su adquisición por Aqualia, que ahora prevé ponerla en funcionamiento con una inversión total de 99 millones de euros (56 de la compra).

Pero si hay un caso a destacar en la zona es el de la desaladora de Acuamed del Bajo Almanzora.

El fiasco de Bajo Almanzora

El 19 de septiembre de 2011 se inauguraba la planta desaladora de Acuamed en el Bajo Almanzora, en Cuevas del Almanzora (Almería). Se habían invertido 88 millones de euros de los que 23 millones eran de financiación europea. La planta, que tiene una capacidad de producción de 20hm³/año de los que 15hm³ se iban a utilizar para regar unas 12.000 hectáreas, muchas de ellas de cultivo bajo plástico, y el resto para abastecer a 140.000 habitantes, nació ya con problemas. El suministro eléctrico no se había planificado correctamente y era incapaz de hacer funcionar la totalidad de la instalación. Pero lo peor estaba por llegar.

La planta se había levantado sobre suelo inundable, el único al que finalmente habían accedido los ayuntamientos de la zona, en la confluencia entre el tramo final del cauce de la Rambla de Canalejas y el Río Almanzora. Y, como era de prever, se inundó. Había ocurrido ya en 1973 pero esta vez fue tan solo un año después de la inauguración, en la riada de San Wenceslao del 28 de septiembre de 2012. La estructura no se vio dañada pero el agua alcanzó los dos metros de altura en la parcela en cuestión de 20 minutos y la mayoría de equipos e interconexiones de cables permanecieron bajo el agua el tiempo suficiente como para verse gravemente afectados, lo que dejó inhabilitada la instalación. Al bajar el agua afloró otro problema: la planta no tenía seguro.

El Gobierno consideraba que no tenía recepcionada totalmente la obra y las constructoras no habían suscrito aún el seguro de explotación. Aquello inició un pleito entre el Gobierno con FCC y Abengoa que derivó en una investigación de la Audiencia Nacional y en la llamada Operación Frontino, por supuestos acuerdos irregulares con la constructora. En lo que atañe a la planta, la cuestión se resolvió finalmente por arbitraje judicial.

En julio de 2021, el consejo de ministros, a propuesta del Miteco, autorizaba a Acuamed a contratar el proyecto y ejecución de las obras de reparación. Este mes de febrero de 2024, en plena sequía y más de una década después de quedar inoperativa la planta, el consejo de ministros autorizaba a Acuamed a terminar las obras de protección de la desaladora. Se trata de obras complementarias a las de reparación que ya se desarrollan desde hace un año y que incluirán la ampliación del encauzamiento de la rambla de Canalejas, la modificación de una carretera y la construcción de un viaducto sobre la rambla. Se construirá además una estación de bombeo para cuando el agua de escorrentía exceda la capacidad de los desagües. Todo ello por la mala planificación inicial de la ubicación de la desaladora. En total, se invertirán en la reparación 44,2 millones de euros (incluido el parque fotovoltaico previsto) que se unirán a los 100 millones para la nueva planta de Bajo Almanzora II que, según Acuamed, estará perfectamente protegida de las riadas.

También en las cuencas mediterráneas andaluzas se encuentra la desaladora de Marbella, impulsada por el Gobierno de Jesús Gil y Juan Antonio Roca que acabó en los juzgados entre los numerosos casos de corrupción de los ayuntamientos de aquella época, cuya construcción terminó en 1996 pero que no entró en funcionamiento hasta 2005. Acuamed se hizo cargo de la instalación en 2010.

Además habría que incluir en esta cuenca la desaladora del Campo de Dalías, de Acuamed, (22,5hm³/año para abastecimiento urbano y 7,5hm³ para regadío) que está en el municipio del El Ejido. Se inauguró en 2015 tras una inversión de 130 millones de euros financiados parcialmente por Europa y actualmente está en proceso de ampliación para pasar de 30 a 40hm³/año.

El caso de Cataluña llama la atención por la situación de sequía en la que se encuentra la región tras varios años sin lluvias. El agua embalsada se encuentra en su nivel más bajo desde, al menos, 1988.

Debido a la situación en las cuencas internas de Cataluña, la Generalitat de Cataluña ha declarado la situación de emergencia para 5,9 millones de personas que viven en 232 municipios entre las provincias de Barcelona y Girona. Desde el 2 de febrero de 2024, el 75% de la población de la comunidad autónoma tiene limitado el consumo urbano a un equivalente de 200 litros por persona y día.

Cataluña ya sufrió a finales de la primera década del siglo una dura sequía que obligó a adoptar soluciones de emergencia para el abastecimiento de Barcelona, como llevar agua en barcos, y planificar otras, como la derivación de agua desde el minitrasvase del Ebro a Tarragona para llevar un máximo de 50 hm³. Los trabajos se suspendieron. ¿Por qué? Empezó a llover con fuerza. Sin embargo, para el Plan Hidrológico de la cuenca se planearon infraestructuras a más largo plazo. Spoiler: buena parte no pasó del papel.

Producción de las desaladoras de Cataluña en 2022

Fuente: Agencia Catalana del Agua

El Plan Hidrológico incluyó actuaciones para lograr hasta 389hm³ adicionales al año entre reutilización de aguas residuales, mejora de las redes de abastecimiento y desalación de agua de mar. En concreto, gracias a las nuevas plantas y ampliaciones de las existentes, se esperaban conseguir 190hm³ más al año de agua procedente de desalación.

La idea era implantarlo de forma progresiva hasta finales del año 2015 de modo que se sumasen 10hm³ año a la planta desaladora de Tordera I (hasta un total de 20hm³); otros 60hm³ año en la ampliación de la planta con una nueva infraestructura al lado, conocida como Tordera II; otros 60hm³ procedentes de la nueva planta de Llobregat y 60 más de la planta de Foix. La idea definida en el plan era que las plantas trabajasen a plena producción en el momento en que las reservas de agua de la cuenca se situasen por debajo del 60%; manteniendo una producción parcial cuando dichas reservas estuvieran entre el 60 y el 80%. Solo por encima del 80% de reservas, las plantas trabajarían al mínimo, simplemente como mantenimiento. No cabe duda de que hoy, de existir dichas plantas, trabajarían al tope de sus posibilidades.

El Plan del siguiente ciclo (2016-2021) ya muestra que los 190hm³ al año más en agua desalada se habían quedado en 70hm³, gracias a la ampliación de 10hm³ de la planta de Tordera y especialmente por la construcción de la Planta de El Prat de Llobregat, la mayor planta desaladora de Europa destinada a abastecimiento urbano, con capacidad para producir 60hm³/año y en la que se invirtieron 230 millones de euros.

Esta última fue inaugurada en julio de 2009 por el entonces presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, quien en la inauguración dijo que la planta alejaba "por fin la amenaza de las restricciones que pesaba sobre Cataluña" y que "la región metropolitana no volverá a sufrir una situación crítica por un episodio de sequía".

Lo que dice el Plan 2016-2021 es que lo que pasó, en resumen, fue la crisis. "El fuerte parón presupuestario, consecuencia fundamentalmente del contexto de crisis económica, ha supuesto un frenazo casi completo en la realización de nuevas inversiones". Pero hay algo más que crisis.

En febrero de este año, un rifirrafe parlamentario entre los partidos políticos con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, recordaba la historia de aquellos planes de desalación.

La fallida privatización de Aigues del Ter Llobregat

Aragonès dijo que ahora se están "pagando las consecuencias también de años de sequía de inversiones, de infraestructuras que se habían desprogramado, pero también de una forma de entender este sector, el sector del agua, absolutamente clave, estratégico para nuestro país, como un sector (…) que se podía privatizar, como la privatización de Aigües Ter Llobregat, que ha sido revertida y que hoy está evidentemente bajo control público". Según Aragonès, "Aigües Ter Llobregat era la empresa encargada del impulso de las desaladoras" y su privatización detuvo los planes.

Aigües Ter Llobregat se adjudicó de modo atropellado en 2012 ante los graves problemas económicos que atravesaba la Generalitat, en el mayor proceso privatizador acometido en Cataluña, privatización que fue anulada en 2018 por el Tribunal Supremo. El Govern liquidó el contrato en 2019 lo que le costó una reclamación millonaria por parte de Acciona de algo más de 300 millones de euros, los que había pagado Acciona como primer abono del canon, que se los quedó el fondo al que la propia Acciona había vendido los derechos de reclamación.

Nueva emergencia, mismas desaladoras

El pasado 5 de febrero, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el conseller d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, David Mascort, se reunían para definir las líneas de actuación para afrontar "la grave sequía en Cataluña".

Entre las medidas anunciadas: la financiación por el Gobierno central de los proyectos de las desaladoras Tordera II, que tendrá una capacidad de producción de 60hm³/año y se espera esté lista en 2028 tras una inversión de 287 millones de euros, y la de Foix, que tendrá una capacidad de 20hm³/año y en la que se prevé una inversión de 180 millones que permitirá que esté operativa en 2029. Planes similares, por tanto, a los de hace 20 años. Entre las diferencias destacables, que esta vez se ha previsto que las plantas estén alimentadas por energía fotovoltaica, lo que limitará uno de los grandes problemas de estas fábricas de agua, el coste de la energía que acaba repercutiendo en el coste final.

La inversión se hará con un crédito del Plan de Recuperación y Resiliencia de 467 millones de euros que tendrán que ser devueltos por la Generalitat y los proyectos serán realizados por Acuamed. Se persigue, según se informó en el día de la reunión: "garantizar el abastecimiento de agua de las provincias de Girona, Tarragona y Barcelona; una reducción progresiva del trasvase del Ter a Barcelona y reducir las extracciones de los acuíferos en mal estado de la costa catalana".

En la misma reunión, el Ejecutivo central ponía a disposición agua desalada de la desaladora de Sagunto, que funciona actualmente al 10% de su capacidad, que se prevé pueda ser llevada en barco a Barcelona. De nuevo, agua en barco. Si la situación no mejora en la cuenca, el traslado se iniciaría el próximo mes de junio y podría alcanzar hasta 40.000 metros cúbicos al día trasladados en dos barcos diarios. No han sido pocas las voces que han criticado esta solución dado el efecto contaminante del traslado en barco del agua.