Las tierras del sureste español son tremendamente fértiles. Pero agua, hay poca. Cuando esas tierras fueron visitadas en 1933 por el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, a quien Indalecio Prieto le había encargado elaborar el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de la Segunda República, dijo en el viaje de vuelta a Madrid que habría que llevar allí el Nilo si hacía falta.

En un ataque de pragmatismo, optaron por el Tajo. La Guerra Civil y los años negros de la autarquía truncaron los planes y el Trasvase Tajo-Segura (TTS) no se retomó hasta 1965, inaugurándose en 1979, hace ahora cuarenta años.

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Desde el punto de vista de la ingeniería civil, las cifras eran deslumbrantes. Un canal de 292 kilómetros con capacidad de enviar hasta 33 metros cúbicos por segundo, que en su punto de partida, en el embalse de Bolarque, bombeaba el agua haciéndola salvar un desnivel de 245 metros en 1.070 metros de longitud.

Sin embargo, las cifras más relevantes, las del agua que estaba previsto enviar de una cuenca a otra, no solo no se cumplieron.

La primera fase suponía “un máximo anual de 600 millones de metros cúbicos” de agua que se desviarían desde el río Tajo hasta llegar al Segura. De estos, 400 eran para el regadío, 110 para consumo urbano y el resto, la evaporación estimada.

A su vez, de los destinados al regadío, Murcia es la provincia que tiene asignada una cantidad anual mayor: 260 hm³. Y dentro de Murcia, la Comunidad de Regantes a la que se le destinó el mayor volumen fue la del Campo de Cartagena, con 122hm³ al año. A la segunda fase nunca se pasó.

La media de agua trasvasada del Tajo al Segura desde 1980 se ha quedado en menos de la mitad del máximo previsto. Según las cifras de la CHS, los recursos medios para riego procedentes del trasvase en la serie hidrológica 1980/81 - 2017/18 se cuantifica en 175hm³/año en destino. Es la media de la serie larga. En los últimos años, en los que ha vuelto a producirse un periodo de sequía, el volumen trasvasado ha estado muy por debajo.

El regadío se extendió por la cuenca del Segura y con ello por el Campo de Cartagena como si el agua hubiera llegado año tras año en la cantidad esperada.

Como si no se hubieran sucedido de forma intermitente largos periodos de sequía que disminuían drásticamente el volumen trasvasado.

No era muy difícil saber de dónde estaba alimentándose el regadío. Hay un upsidedown del trasvase. Otra cara de la historia.

Hay una gigantesca raíz bajo el suelo de la que en realidad bebe mayoritariamente el campo (hasta un 80% del agua en las épocas secas), formada por pozos, tuberías y desalobradoras que ha terminado por provocar un desastre natural.

Esta situación ha dañado la laguna y tiene los acuíferos sobreexplotados y contaminados por los nitratos de los abonos del regadío intensivo. Un mundo bajo los surcos de las lechugas iceberg, los melones y los limoneros que además tiene conexión directa con el Mar Menor.

Las aguas subterráneas están protegidas teóricamente en España desde la Ley de Aguas de 1985 (29/1985 de 2 de agosto), que las incluyó por primera vez en el dominio público. La protección normativa se ha reforzado además desde Europa por ser estas aguas las futuras reservas para el abastecimiento de la población, cuando los periodos de sequía se hagan más frecuentes y prolongados debido al cambio climático.

-13.000 hm³
RESERVAS CONSUMIDAS

Que se está extrayendo agua subterránea en mayor volumen del que la naturaleza es capaz de reponer en los acuíferos de la Cuenca del Segura se conoce por lo menos desde 1986.

El 30 de diciembre de ese año, el rey Juan Carlos I interrumpía sus vacaciones navideñas para firmar, desde la estación de esquí de Baqueira-Beret, un Real-Decreto Ley que el Gobierno socialista de Felipe González consideró de “extrema urgencia”.

“Los estudios realizados para la elaboración” del Plan de la Cuenca del Segura permitían “afirmar la existencia de una grave sobreexplotación en numerosos acuíferos”. Tras refrendar el Parlamento la norma, el siguiente paso estaba claro.

En los acuíferos sobreexplotados, la Ley obliga a elaborar un plan de ordenación de las extracciones que reduzca la cantidad de agua que se saca del subsuelo. Su elaboración debió comenzar en 1987. Han pasado 32 años.

Un análisis realizado por DATADISTA de todas las captaciones vigentes digitalizadas de los acuíferos de Campo de Cartagena y Triásico de las Victorias, estima que los más de 1600 pozos y sondeos autorizados cuentan con un volumen máximo previsto de unos 110 hm³/año. Sobre los acuíferos se muestran los perímetros de la C.R Campo de Cartagena y la C.R. Arco Sur / CHS, CRCC, CRAS, MITECO, IGN y elaboración propia

¿Cuánta agua se extrae por bombeo en esta zona? Es la pregunta del millón que ni la propia CHS conoce en su totalidad. No existe una cuantificación de las lecturas directas de los contadores, tampoco se cuenta con la digitalización de todos los derechos vigentes, que lleva un retraso de décadas.

Hay un documento que prueba el punto de descontrol que se alcanzó tras décadas dejando hacer a los regantes. Tras el cambio en la presidencia de la CHS en 2012 y especialmente tras el nombramiento como Comisario de Aguas de José Carlos González, la CHS licitó un estudio técnico (número de expediente 03.0005.13.006) para ayudar a los regantes a regularizar los aprovechamientos existentes que aún no habían sido incluidos en los registros.

En el pliego de condiciones, firmado por el comisario de aguas (2012-2018), la CHS se reconoce incapaz de gestionar lo que no conoce. La gran mayoría de derechos a superficies regables tramitados antes de 2002 carecen de información. En muchos casos se tramitaron con un simple croquis. En otros muchos sin definir siquiera las superficies regables. Incluso reconocen que de una docena de derechos "se ignora prácticamente todo".

El reglamento que desarrolló la Ley de Aguas no solo obligaba a ordenar su extracción en caso de sobreexplotación o riesgo de sobreexplotación de un acuífero. Además, implicaba "paralizar todos los expedientes de autorización de concesión de aguas" con cargo a acuíferos sobreexplotados.

Las administraciones españolas optaron por ralentizar al máximo la máquina burocrática hasta casi detenerla y, entre tanto, dejar hacer.

No disponer de concesión inscrita en el registro no supuso obligar a que se dejase de extraer agua. El caos se extendió por el Campo de Cartagena.

El actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, en una entrevista en exclusiva para DATADISTA, no solo reconoce que desde 1987 no se hicieron los planes de reducción de extracciones como dicta la ley sino que, ahora que hay recurso alternativo, se están regularizando concesiones a fincas a las que durante décadas se permitió hacer uso de aguas subterráneas de acuíferos sobreexplotados. Reconoce que es ilegal pero lo llama “ilegal con asterisco”, porque en la ley fueron buscando atajos para regularizar el regadío que seguía extendiéndose sin control aunque no debió permitirse desde 1986.

Tres días después de la aprobación del Plan Hidrológico 2009-2015, la CHS firmó el pliego de bases para la licitación de un servicio técnico que les ayudara a regularizar aprovechamientos hidráulicos pendientes. En él se refleja la intencion de "abrir una puerta para la regularización de los regadíos existentes desde antes de 1998", que ya "existen razones fundadas para suponer que van a ser muchos".

En 2018, WWF y ANSE publicaron un análisis sobre la evolución del regadío en el entorno de Mar Menor. Este trabajo realizado mediante el análisis de imágenes de satélite, Sigpac y trabajo de campo, determinó que el regadío se ha multiplicado por 10 entre 1977 y 2017.

Casi un 25% de la superfice de regadío se encuentra fuera de los límites establecidos por la CHS. Es decir, el estudio de WWF y ANSE considera ilegales 12.165,18 hectáreas.

Ante la imposibilidad de hacerlo con cargo a acuíferos sobreexplotados, la CHS utilizó los planes de cuenca para ejercer una especie de lobby, pidiendo reiteradamente no solo nuevos recursos externos para sostener la agricultura sino que estos fuesen baratos

Cerca estuvo de lograrse esa nueva transferencia de otras cuencas. El Plan Hidrológico Nacional de 2001, aprobado con el Partido Popular en el Gobierno central, incluía el trasvase desde el río Ebro a la cuenca del Segura. Cuatro años después, ya con el PSOE en el Gobierno de la nación, el Plan Hidrológico Nacional de 2005 anulaba los planes de trasvase del Ebro para centrarse en el aporte de nuevos caudales mediante desalación de agua marina.

La estrategia tenía fecha de caducidad. La laxitud de las autoridades españolas chocó con una realidad: Europa. La Directiva Marco de Agua no permite que las aguas subterráneas mantengan un estado de sobreexplotación más allá de 2027, por lo que en los primeros documentos del plan de cuenca actualmente en elaboración ya no se habla de recursos de otras cuencas y se admite que será la desalinización de agua de mar la que sustituya al agua subterránea. Los regantes ponen en duda que esto sea factible.

Este uso descontrolado del agua que se extrae desde los acuíferos se agrava con el uso de pozos ilegales, cuyo número también se desconoce. En 2016, la CHS cifró el número entre 1.000 y 2.000.

El Campo de Cartagena tiene relación con tres masas de agua subterránea: el Triásico de Carrascoy, el Triásico de las Victorias y la masa de agua llamada propiamente del Campo de Cartagena. Los dos primeros presentan desde hace décadas problemas de sobreexplotación que no han hecho sino agravarse con el tiempo.

Mapa de situación de los acuíferos Triásico de Carrascoy, Triásico de las Victorias y Campo de Cartagena. / CHS, IGN y elaboración propia

El acuífero del Campo de Cartagena, el que abarca mayor superficie de los tres, es un acuífero multicapa, es decir, tiene diferentes niveles uno sobre otro formados en sucesivos periodos geológicos. Mientras las capas o acuíferos inferiores sí tienen un problema de sobreexplotación, debido a que los regantes han ido buscando agua cada vez en niveles más profundos; el superior, del Cuaternario, que está conectado con el Mar Menor, no tiene un problema de cantidad de agua, al contrario. La intrusión del agua de mar y la filtración de los retornos del agua de riego, aumentados con el agua de trasvase y la extensión del regadío, han hecho que su nivel freático esté tan alto que el agua llega a aflorar en la superficie en algunos puntos.

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El problema de esta capa del acuífero es que está contaminada por los nitratos de los abonos del regadío, uno de los grandes enemigos de las masas de agua porque abona literalmente el fitoplancton hasta que este se reproduce en tal cantidad que no deja pasar la luz al fondo. Las aguas se vuelven verdes, como de hecho ocurrió durante varios meses de 2016 en el Mar Menor, y la pradera marina, incapaz de hacer la fotosíntesis, muere.

300.000 Ton.
NITRATOS ACUMULADOS
EN EL ACUÍFERO

Los nitratos serían buenos para regar, es abono que se ahorrarían los regantes, pero ocurre que las aguas del Cuaternario son además salobres (proceden de la filtración de agua del Mar Menor, con el que el acuífero está comunicado). Necesitan ser mezcladas con otras de baja salinidad o procesadas en desaladoras para ser aptas para el riego.

Ambos hechos juntos, la salinidad y la contaminación por nitratos, son una bomba de relojería. El proceso de desalobración genera un 70% de agua apta para regar y un 30% de vertido que concentra las sales y con ellas los nitratos.

La Administración lo sabía. Y también el modo en que se habían perforado los pozos durante años. Actualmente, el Cuaternario no es el único acuífero contaminado por nitratos. En un documento entregado por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena a la CHS para solicitar la reapertura de pozos de sequía clausurados en 2015, se reconoce que el Plioceno está ya afectado en algunas zonas también por contaminación por nitratos, “sobre todo al sur de Torre Pacheco, en parte por la conexión de acuíferos a través de los pozos de bombeo”. Los pozos se perforaron mal, atravesando el Cuaternario sin cementar las paredes del pozo en ese tramo, lo que provocó que aguas contaminadas del superior descendiesen a los inferiores.

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Según estimaciones del entonces llamado Ministerio de Medio Ambiente a principios de 2018, en el 80% de los sondeos de la zona las perforaciones se hicieron mal.

Años noventa. Años de sequía. La escasez de agua se extiende de forma casi ininterrumpida desde 1991 hasta finales de 1995. El campo sufre. La Cuenca del Segura sufre. El agua llegada del trasvase está en mínimos. El acuífero Cuaternario está a rebosar pero autorizar la extracción de sus aguas significa desalobrarlas y eso genera el vertido de salmuera con concentrado de nitratos. El 4 de octubre de 1994, la Junta de Gobierno de la CHS se lía la manta a la cabeza y autoriza la utilización de acuíferos salobres para extraer agua, desalarla y usarla en los regadíos.

Documentación caso Topillo

En julio de 1995, el Gobierno central, del que en teoría depende la CHS, pone orden en el caos que se avecina y aprueba un Real Decreto para regular las instalaciones de desalación de agua marina o salobre (RD 1327/1995, de 28 de julio). Los organismos de cuenca pueden autorizar estas instalaciones pero tienen que conceder también autorización a los vertidos que produzcan y hacerlo de forma simultánea.

Hay un problema. Para autorizar el uso de una desaladora es necesario tener antes una concesión para extraer agua y el Campo de Cartagena es un caos de pozos sin regularizar. En la CHS, encuentran un atajo. El 9 de noviembre de ese año, aprueba los trámites para solicitar la apertura de pozos de sequía.

Para quien no tenga en regla una concesión, las autorizaciones de las desaladoras se vincularán a esos pozos temporales, que deberían dejar de utilizarse cuando se decrete el final del periodo de escasez de agua. Cosa que no ocurrirá.

En la CHS empiezan a recibir solicitudes de “autorización para planta de osmosis inversa (proceso que opera la desalación) y vertido de salmueras a la red de colectores”. Como ha recomendado en un documento el Jefe de Servicio, optan por conceder las autorizaciones “en precario", dejando claro que el título provisional “nunca excederá de un plazo de cinco años a contar desde la notificación”. Así reza en las condiciones de una de las resoluciones a las que ha tenido acceso DATADISTA. La solicitud recoge expresamente que al principio la salmuera “se vierte al Mar Menor”.

Solicitud de autorización para desalación de agua y vertido al Mar Menor / Documentación de las diligencias previas del caso Topillo.

La CHS se cura en salud y aclara que la “autorización no implica la asunción de responsabilidades por el Ministerio de Medio Ambiente (...) en particular las de vertido de las salmueras resultantes”. Pero la fórmula no es sostenible y la falta de responsabilidad, tampoco, porque se están haciendo las autorizaciones sin el estudio de impacto ambiental preceptivo.

En la CHS creen entonces encontrar la solución para los vertidos. Se trata de una red de salmueroductos, propiedad de la CHS, que se ha financiado con dinero público, en torno a 40 millones de euros, y cuyo objetivo inicial era captar los retornos de riego del Campo de Cartagena, para evitar que llegasen cargados de nitratos al Mar Menor.

Pero lo más importante es que la red dirige el agua que capta a la desalobradora del Mojón, una instalación construida en 1996 por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con la doble finalidad, explica el BOE, "por un lado de preservar el Mar Menor de los retornos de riego originados en la zona regable del Campo de Cartagena y que presentan un elevado contenido en nutrientes, lo que propicia la eutrofización del Mar Menor; y por otro lado, obtener nuevos recursos hídricos para los regadíos de la zona al reutilizar el agua procedente de los retornos de riego una vez tratada".

Con todo aparentemente atado y bien atado, la Confederación procede entonces a conceder las autorizaciones provisionales, de cinco años, a 52 desaladoras de agua subterránea privadas. Otras muchas proliferaron por el Campo de Cartagena. No son instalaciones baratas. Algunas superan los 400.000 euros de inversión sin contar con el mantenimiento. No es algo pensado para ser usado de forma temporal.

Red de tuberías de la C.R Campo de Cartagena y canal postrasvase / CRCC y CHS.

El salmueroducto se hizo insuficiente rápidamente para asimilar todo el rechazo de las desalobradoras privadas que se iban poniendo en marcha. La CHS había cedido su gestión a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena pero las canalizaciones estaban deterioradas en muchos puntos por falta de mantenimiento.

Cinco años después de autorizar las desaladoras, la CHS empieza a enviar comunicaciones a los regantes para informarles de que la autorización ha caducado.

Autorización provisional de desaladora por parte de la CHS / Documentación de las diligencias previas del caso Topillo.

Ante el problema de los vertidos, la CHS ni renovó las autorizaciones temporales de las desalobradoras ni concedió nuevas. La ilegalidad se apoderó de un aspecto más del regadío en la zona. La norma durante años fue, de nuevo, dejar hacer a los regantes. Hasta 900 desaladoras llegó a declarar un comisario de aguas que podía haber en el Campo de Cartagena.

Timelapse del Mar Menor entre enero y septiembre de 2019 donde se observan las avenidas continuas de agua en la desembocadura de la rambla del Albujón. / Copernicus - Sentinel Hub

Según el escrito del fiscal, “ante toda esta caótica situación, nadie hace nada, ni nadie toma medidas sobre los ya alarmantes vertidos incontrolados de salmuera que están llegando al Mar Menor con conocimiento y consentimiento de la CHS y la Consejería”. Cuando hay lluvias torrenciales, como ocurrió a principios de 2017, la Rambla del Albujón se convierte en un río que arrastra los nitratos de los abonos y aflora el agua contaminada por nitratos del acuífero Cuaternario. Cuando no hay lluvias torrenciales, se mantiene siempre un caudal aunque sea mínimo de agua constante en la Rambla que llega hasta el Mar Menor. La prueba de su origen está en las mangas de riego que van quedando a su paso.

Los diferentes gobiernos centrales han ido dejando señales de hasta qué punto conocían el problema que se estaba creando, con licitaciones y planes que nunca se llevaban a cabo. Volvieron a aparecer fugazmente en los Presupuestos Generales del Estado de 2010, donde se recogió la "Declaración de Interés General para las obras de eliminación de las salmueras procedentes de la red de desalobradoras del Campo de Cartagena y sus vertidos al Mar Mediterráneo" y ya.

La misma administración que había impulsado esta fórmula de riego abandonó el plan a medias. El rechazo se dejó libre en las ramblas o se vertió al salmueroconducto, incapaz de asumir el volumen. De uno u otro modo, el nitrato concentrado acabó filtrándose de nuevo al acuífero Cuaternario, que ya estaba altamente contaminado y está comunicado con la laguna, o fue a parar directamente al Mar Menor.

¿Qué se hizo con las desaladoras sabiendo que eran ilegales? DATADISTA ha realizado un análisis de todos los expedientes sancionadores iniciados por la CHS entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2019.

Hasta el año 2014, la Confederación Hidrográfica del Segura no tramitó ningún expediente sancionador por realizar desalación de aguas subterráneas sin autorización.

Esta infracción administrativa de la Ley de Aguas impone sanciones a los responsables de vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua sin contar con autorización.

Desde 2014 y hasta el 30 de junio de 2019, la CHS abrió 51 expedientes sancionadores por desalación de aguas sin autorización, desobediencia o incumplimento. Solo 21 fueron sancionados con una multa entre 1.000 y 10.000 euros, siendo 1.000 euros la cuantía más frecuente. En la mayoría de los casos es una falta leve.

Como cada vez que el caos se adueñaba del Campo de Cartagena, en esta ocasión también hubo un intento de regularizar las infraestructuras ilegales que se habían dejado funcionar durante años sin autorización alguna o con ella caducada. Fue en 2009. El 22 de abril de ese año, la CHS contrató a la empresa SETECO para elaborar un inventario de desaladoras y pozos en Torre Pacheco, la zona del Campo de Cartagena donde se habían multiplicado.

Ante la posibilidad de ver regularizada la extracción y desalación del agua, los agricultores, a través de la asociación COAG, colaboraron en la elaboración del inventario.

Las cifras que entregaron eran abrumadoras: 472 pozos y 157 desalobradoras. No hubo expedientes, el inventario se había realizado con el objetivo de legalizar, ha declarado Francisco Turrión, hidrogeólogo de la CHS, en las diligencias previas del caso Topillo. Tampoco se legalizó. Era complicado, teniendo en cuenta que las desaladoras estaban ligadas en muchos casos a pozos de sequía que se estaban usando fuera del periodo autorizado o a pozos ilegales.

En el año 2012, al ser nombrado comisario de aguas José Carlos González, según ha declarado, oyó a dos agentes de vigilancia de los cauces hablar de la existencia de un listado que llevaba años en poder de la Confederación Hidrográfica. Era el Excel elaborado por SETECO. González pidió el listado.

En la primera mitad de 2013, se organiza una batida de inspecciones, según coinciden las declaraciones de varios testigos. Se traen al área de Torre Pacheco incluso guardas medioambientales de otras áreas.

Los agentes preguntan dónde acaban los vertidos. Convencidos aún de que es para regularizar su situación, los agricultores reconocen que van a la red de alcantarillado, a la Rambla del Albujón, al Mar Menor. No se precintan pozos. Se anota en una hoja si tienen desaladora, si está en funcionamiento. Los precintos de los pozos no se inician hasta después del verano de 2015. Y los vertidos llegando al Mar Menor.

Cuando la laguna se volvió verde en la primavera de 2016, las autoridades entraron en pánico. En un mes, la Dirección General de Agua dio orden a la CHS de cegar la red pública de salmueroductos.

No fue fácil. Fue necesario enviar efectivos de los antidisturbios para proceder al sellado ante la actitud beligerante de los regantes. ¿De dónde iban a sacar el agua?

En el primer trimestre de 2017, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil empezó a visitar fincas agrícolas por orden del fiscal de Medio Ambiente José Luis Díaz Manzanera. Estaba en marcha la investigación que acabaría en denuncia de la Fiscalía y se transformaría en el caso Topillo.

Las fincas del grupo G'S, la multinacional británica del regadío, eran visitadas en febrero. Se comprobó cómo el agua procedente de dos desalobradoras expulsaba salmuera con nitratos al salmueroducto y de ahí a la Rambla del Albujón. Se calcula que, entre 2012 y 2016, el vertido al Mar Menor equivalió a 316 piscinas olímpicas. Inagrup, otras 64 piscinas. Ciky Oro, 555 piscinas. Vanda Agropecuaria, 246 piscinas. Las empresas acaban imputadas en el caso Topillo. ¿De dónde va a sacar el resto el agua para no acabar igual?

A las 5.45 de la madrugada del 1 de julio de 2017, la Guardia Civil observó cómo descargaban en una finca una desalobradora móvil desde un vehículo propiedad de Insal Electricidad y Automatismos, S.L. En otra finca, una desalobradora dentro de un contenedor instalado por la misma empresa. En otra inspección, otra máquina, misma empresa instaladora. Ante la obviedad de que alguien se estaba lucrando ideando fórmulas para esquivar a la Guardia Civil, entraron en las oficinas de la empresa y se llevaron numerosa documentación. Allí estaban. Los nombres, los clientes, las direcciones, los equipos instalados. La documentación derivaría en la operación Chandos pero además mostraba una parte más del negocio detrás del regadío intensivo del Campo de Cartagena.

En abril de 2019, el Seprona volvió a lanzar una macroperación denominada operación Chandos, con un centenar de efectivos y el apoyo de un helicóptero en busca de plantas desalobradoras y pozos ilegales en las fincas que habían aparecido en la documentación incautada en los registros.

Aún sabiendo dónde iban, les resultó difícil localizar las plantas. El grado de sofisticación de las instalaciones llamó la atención de la Guardia Civil, acostumbrada a asociar las prácticas complejas de ocultación más con delitos de tráfico de drogas que con los relacionados con el medio ambiente. Desde desalobradoras instaladas en vehículos, a amplias instalaciones bajo tierra ocultas por rampas móviles, pasando por una planta que se alimentaba de la batería de un tractor enterrado para evitar que cables eléctricos exteriores sirviesen de pista.

Europa obliga a los Estados miembros a proteger las masas de aguas de la contaminación por nitratos. Desde 1996, España cuenta con el Real Decreto 261/1996 para la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura. Este legislación se basa en la Directiva Europea 91/676/CEE.

22 años después, en noviembre de 2018, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España al considerar que protege de manera insuficiente sus aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

España no realizó hasta 2009 el primer censo de aguas afectadas por nitratos. En verano de 2019, meses después de recibir la carta de emplazamiento de la Comisión Europea, el Ministerio de Transición Ecológica ha publicado una consulta pública para actualizar el catálogo de las aguas afectadas por nitratos. El 46% de las masas de aguas subterráneas en España se encuentran contaminadas por nitratos. Según el análisis realizado por DATADISTA de este listado preliminar, en la cuenca del Segura, las masas de aguas subterráneas se encuentran afectadas o en riesgo por nitratos representan el 38%. Entre las afectadas se encuentra el acuífero del Campo de Cartagena donde 18 estaciones de medición tienen niveles de nitratos por encima de los permitidos. El problema añadido en el caso de este acuífero es su interrelación con una laguna protegida como es el Mar Menor.

Puntos de medición de aguas subterráneas afectadas o en riesgo de contaminación por nitratos de origen agrícola sobre el acuífero del Campo de Cartagena. / MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Aunque en teoría Europa obliga a que en 2027 no se superen los 50mg de nitratos por litro de agua, la CHS se ha ido acogiendo a la posibilidad de establecer objetivos menos rigurosos dada la repercusión socioeconómica que tendría reducir de forma drástica la demanda de agua de la zona. Esos objetivos, en lugar de mejorar, no han hecho sino empeorar de un plan de cuenca a otro. Así, si en el Plan 2009-2015 se fijó un objetivo para 2027 de 90mg/l; en el de 2015-2021, que se aprobó un año después del anterior, se elevó ese objetivo a 200mg/l.

La legislación de nitratos también establece que las Comunidades Autónomas deben elaborar y aplicar Códigos de Buenas Prácticas Agrarias que son de obligado cumplimento en las zonas designadas como vulnerables a la contaminación por nitratos. En la Región de Murcia, estos códigos se aprobaron por primera vez en 1998 y se modificaron en 2003, siendo consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente Antonio Cerdá.

Cerdá es el consejero del Gobierno Regional que más tiempo ha estado en los órganos de gobierno. Estuvo desde 1999 hasta 2015, teniendo competencias en Medio Ambiente entre 1999-2004, 2008-2011 y 2014-2015. En la actualidad se encuentra investigado en el caso Topillo por la presunta comisión de delitos de prevaricación por omisión y contra el medio ambiente por, entre otras razones, la falta de control y supervisión sobre el cumplimento de los diferentes Códigos de Buenas Prácticas Agrarias y sus programas de Actuación aprobados por la Consejería que dirigía en los años 2003, 2009 y 2011.

Una de las consecuencias de la falta de control es que presuntamente se dieron ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a agricultores que incumplían las prácticas contra la contaminación por nitratos. Este hecho, señalado en la denuncia de la Fiscalía, tiene investigados además de a Cerdá a ex miembros de la Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria y de la Comisión Regional de Coordinación para el Control de la Condicionalidad de las Subvenciones.

Zonas vulnerables a nitratos según la Ley de Medias Urgentes del Mar Menor aprobada en 2018.

La falta de control y el episodo de eutrofización del Mar Menor en 2016 supuso la aprobación dos años más tarde de una nueva ley para regular el sector agrícola y ganadero cercano a la laguna. En 2018, el Gobierno Regional de Murcia aprobó la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor en el que crean tres zonas vulnerables a los nitratos con distintos niveles de obligaciones, siendo la zona 1 la más sensible y restrictiva. Esta ley también prohíbe el uso de fertilizantes de alta solubilidad y potencialmente contaminantes como el nitrato amónico, el nitrato de calcio y la urea. Entre otras medidas, la ley contempla que en el caso que se apruebe una planta desalobradora, esta debe implementar obligatoriamente un sistema de reducción de nitratos de las aguas salobres.

Asociaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, ANSE o la plataforma Pacto por el Mar Menor llevan denunciando desde entonces que esta legislación no se está cumpliendo al documentar actuaciones agrícolas en el Campo de Cartagena contrarias a la ley como acumulaciones de estiércol, plantaciones a favor de pendiente o la falta de estructuras vegetales para el control de escorrentías y absorción de nitratos.