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Un especial de para
MEDIOAMBIENTE
La máquina del regadío
Grandes multinacionales y grandes superficies cultivan de forma intensiva, muchas veces en régimen de arrendamiento, el Campo de Cartagena. El margen de ganancia es alto pero también lo es el coste estimado de las medidas para acabar con el daño provocado al Mar Menor.
Grandes multinacionales cultivan de forma intensiva el Campo de Cartagena
Por Antonio Delgado y Ana Tudela
OCTUBRE 2019
El Campo de Cartagena es una gigantesca máquina de regadío operada por agricultores, cooperativas y cada vez más por grandes empresas, multinacionales de capital extranjero o directamente por las grandes superficies comerciales, que cultivan la tierra en propiedad o en régimen de arrendamiento a propietarios de menor tamaño.
Es un sector que lleva potenciándose desde hace un siglo por su capacidad exportadora, al que se obligó a convertirse al regadío y que ha logrado hacer del sureste español la huerta de Europa, con un margen de beneficio en la Cuenca del Segura de más de 900 millones de euros y más de 100.000 empleos directos asociados. Su capacidad de ejercer presión está fuertemente ligada a esas cifras.
Al principio de cada temporada, se pactan férreos contratos de suministro para garantizar que la lechuga roble, la iceberg o el brócoli estén en su estantería en el lineal de los supermercados cada mañana de cada día de cada semana del año en Peñíscola, San Fernando de Henares o Portsmouth.
Cuando se trata de grandes grupos, estos controlan toda la cadena, desde la provisión de las semillas, la producción hortofrutícola en sí, el envasado y la comercialización, en un esquema similar al de las macrogranjas de porcino.
También hay una característica que se repite de forma recurrente: muchos están fuertemente endeudados. Se endeudaron para crecer, comprar más tierras, maquinaria. Necesitan tener garantizada el agua para cumplir sus contratos de suministro y atender sus pagos.
Para ganar tamaño, han proliferado también las tierras en régimen de arrendamiento. El último censo agrario publicado (INE, 2009) indica que el 12% de las explotaciones agrícolas en los municipios del Campo de Cartagena eran alquilados a sus dueños. Todas las fuentes consultadas apuntan a una intensificación de esta fórmula en los últimos años, reactivada por ejemplo al sur del Campo de Cartagena por suelos que se pensaron dedicar a la promoción inmobiliaria y que, tras el estallido de la burbuja, fueron reorientados al regadío.
La prueba del cambio en el tipo de explotación se ve desde el cielo, en las imágenes de satélite de los últimos 35 años recogidas en dos informes de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia, aportados a petición de la Fiscalía en el proceso judicial contra las inundaciones de 2015 en la urbanización Mar de Cristal-La Loma y el Camping Villas Caravaning La Manga, provocadas presuntamente por cambios operados en el terreno desde 2011 por el regadío intensivo.
Dichos informes, a los que ha tenido acceso DATADISTA, afirman que en las últimas tres décadas se ha dado un proceso global destinado a “intensificar el cultivo, aumentar el regadío, homogeneizar el espacio e instalar infraestructuras nuevas” en terrenos en este caso situados al sur del Mar Menor. No ha sido un proceso lineal. Hay dos momentos clave: 1997, cuando el secano se sustituye por el regadío, se modifica la parcelación, eliminando en parte la estructura bancalizada de terrazas que retenía el agua en la plantación, y los recintos se hacen más grandes y uniformes; y 2011, cuando las unidades de explotación se hacen aún más grandes y se eliminan por completo los restos de las terrazas, se planta a favor de pendiente y se ponen en cultivo zonas que anteriormente tenían vegetación forestal.
Donde hay adjudicada agua del trasvase, se riega con ella cuando llega y con agua de pozo. Cuando no llega, el agua subterránea es el origen principal. En aquellas Unidades de Demanda Agraria (perímetros de uso sin entidad jurídica definidas por la CHS) donde ni siquiera hay adjudicada agua del trasvase, el agua subterránea ha sido la protagonista hasta que va siendo posible regularizar las concesiones por la puesta en marcha de una desaladora de agua de mar. Regar, se riega. Ahora bien, tan importante es tener agua suficiente en la planta como quitarse rápidamente de en medio la que sobra, lo que habría llevado a cultivar a favor de pendiente a pesar de que lo prohibe el Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.
La única agua que molesta, por paradójico que parezca, es la de la lluvia. Su imprevisibilidad es incompatible con la precisión de reloj de esta fábrica de productos hortofrutícolas.
"Nosotros lo que necesitamos es tener una garantía, necesitamos tener una fiabilidad, necesitamos conocer con antelación de qué volumen de agua vamos a disponer. (...) Cuando un agricultor o una cooperativa de agricultores va a suscribir un acuerdo de suministro de mercancía, con Mercadona o cualquier cadena de alimentación nacional o internacional, son contratos profesionales, con cláusulas penales y que hay que cumplir. Porque, si le fallas a un cliente, mañana se busca otro proveedor.".
Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
Agricultores y también grandes firmas figuran como investigados en la denuncia de la Fiscalía que dio lugar al llamado 'caso Topillo' por presuntos delitos contra el medio ambiente. Sus prácticas de extracción de agua de acuíferos contaminados, desalación y vertido del rechazo con concentrado de nitratos habría contribuido a la llegada de estos al Mar Menor y a la eutrofización de la laguna, fuertemente presionada ya por el urbanismo intensivo. Según las estimaciones de la denuncia, basadas en los informes de inspección del Seprona, cuatro empresas pudieron arrojar el equivalente a 1.407 piscinas olímpicas de salmuera con nitratos al Mar menor entre 2012 y 2016.
VERTIDOS DE SALMUERAS CON NITRATOS
1407
piscinas
GS España y GS Holding España, Inagrup, Ciky Oro y Vanda Agropecuaria (esta última mientras estaba bajo responsabilidad del Estado) captaron presuntamente entre 2012 y 2016 11.750.649m³ de agua de pozos, las trataron en plantas desaladoras y se estima que pudieron producir 3.518.462m³ de rechazo de salmuera con nitratos.
Detrás de sus necesidades de agua, por un lado, hay cientos de millones de euros de facturación en una de las regiones más rentables para plantar. Según un informe de PwC elaborado para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), la rentabilidad por m³ de agua en esta zona es muy superior a la media española (0,55€/m³ frente a 0,29€/m³ de media). La fertilidad de la zona ha sido además el argumento que desde hace un siglo han utilizado los políticos para fomentar el regadío. Un sueño confirmado por la realidad: el regadío se exporta.
A mediados del siglo pasado, José María Pascual, un joven alicantino de veinte años, decidió ir más allá en el negocio de comercialización de naranjas de su padre y viajó por Europa ofreciendo su producto. En 1973, nacía Pascual Hermanos.José María ofrecía una innovación que resultó un éxito: la venta de un kilo de naranjas en malla.
No fue la única innovación. Su hermano Antonio se trajo a mediados de los ochenta de California la lechuga iceberg y empezaron su producción en Torre Pacheco (Murcia). Pascual hermanos llegó a ocupar en los ochenta del siglo XX los primeros puestos del ránking de empresas exportadoras de España y a tener cuarenta filiales por toda Europa. Pero perdieron el control del gigante que habían creado.
Gira para una mejor visualizaciónLa salida a bolsa, el endeudamiento y la entrada en el capital de uno de sus competidores, Chiquita Brands, provocaron el inicio del declive. En 1995, Pascual Hermanos suspendía pagos. En 2002, tras sanear el grupo, Dole Food lo vendió a la británica G’S. La fórmula de los hermanos Pascual de participar en todo el proceso, desde la plantación al envasado y la comercialización se hizo cada vez más sistemática.
Ahora, plataformas móviles cosechan las lechugas y las envasan in situ. De ahí pasan al almacén, se enfrían y son enviadas directamente a las grandes superficies. Brócoli de enero a diciembre producido en España, publicita su web corporativa. Cogollos de lechuga roble todo el año, añade.
La otra malla que creó Pascual Hermanos, hoy G’S España Holding, fue un entramado de empresas cada una de las cuales cumple una función específica.
G’S España Holdings, antigua Pascual Hermanos S.A., es la principal propietaria del suelo y se lo alquila, junto con naves industriales, a las empresas del grupo que se dedican íntegramente a la producción.
El resto de productoras del grupo (Hortalizas de Europa, Frutas y Hortalizas del Sureste o Cítricos de Almenara, procedentes todas ellas de lo que fue el Grupo Pascual Hermanos) le venden íntegra su producción a la Sociedad Agraria de Transformación SAT nº 9909 Las Primicias, propiedad igualmente de G’S España Holding. Esta le vende el 71% a Pascual Márketing, otra empresa del grupo que se dedica en este caso a comercializar la producción, y un 18,5% directamente a la matriz británica. A la SAT pertenece también Semilleros Las Primicias, el proveedor de semillas del grupo. Más de 1.500 empleos dependen de las sociedades españolas de G’S, más de mil son peones agrarios.
Las cuentas ante el registro británico de la matriz, G’S Group Holdings Limited, son la prueba clara de lo que ha significado para el grupo su inversión en el sudeste español y cómo ha traducido en ingresos la posibilidad de seguir creciendo en la zona con fuertes inversiones en nuevos terrenos acometidas en 2016. La casualidad quiso que fuese ese precisamente el año en que la laguna se volvió verde.
De facturar menos de 100 millones de libras a principios de siglo, el grupo británico G’S ha pasado a superar los 400 millones en los últimos ejercicios. La rentabilidad también ha crecido con fuerza, especialmente desde 2010, cuando el beneficio se disparó y “el mayor crecimiento fue en España” gracias a que se suceden “cosechas desde noviembre a mayo”, explican las cuentas británicas. Ese año, el origen de los ingresos procedentes de Europa Continental, fundamentalmente España, fueron el 61% de lo que ingresó el grupo.
G’S mantiene contratos de suministro directo con las principales cadenas de supermercados de Reino Unido, donde se producen el 75% de sus ventas, y del resto de Europa.
Según la denuncia de la Fiscalía, G’S España y GS España Holding contaban con dos desalobradoras, una con capacidad de 1.900m³ y otra con 1.000m³. Captaban agua de pozos y enviaban el rechazo al salmueroconducto, que terminaba en la Rambla del Albujón sin depuración alguna. Tiene en cultivo 436 ha, que se estima tienen una necesidad de agua anual de 5.500m³ por ha. El rechazo sin depurar se estima equivalente a 316 piscinas olímpicas.
Otro ejemplo es Ciky Oro S.L., propiedad del francés Gilbert Champie, conocido por ser propietario de caballos de carreras y de la agrícola francesa Scea de Benác, fue constituida en 2001 y se dedica a la producción y venta de melones. Con una facturación de 20 millones de euros en 2017 y terrenos por valor de 26 millones, tenía presuntamente tres desalobradoras ilegales activas en La Capellanía, El Carmolí y la Finca El Molino, que trataban 540, 1.200 y 1.000 m³/día respectivamente. Tuvo en explotación entre 2012 a 2016 de 250 a 500 ha de regadío. El rechazo estimado de salmuera con nitratos equivale a 555 piscinas olímpicas que iba a la rambla del Miedo y de ahí, sin depurar, al Mar Menor.
DATADISTA se ha puesto en contacto con G'S y Ciky Oro y enviado un cuestionario por correo, tal y como le requirieron ambas empresas. En el momento de publicación de este reportaje no se ha recibido respuesta a las preguntas remitidas.
Respecto a la denuncia por las inundaciones en la urbanización Mar de Cristal, al sur del Mar Menor, cuyas diligencias previas lleva un juzgado de Cartagena, el escrito del fiscal recoge no solo la roturación a favor de pendiente y la desaparición de los bancales como presunta causa de la llegada de la escorrentía de agua con nitratos de los abonos al Mar Menor. Empresas que operaban en la zona "acordaron realizar una serie de obras consistentes fundamentalmente en tres canalizaciones realizadas por los dueños de las parcelas (..) una desemboca directamente en las aguas del Mar Menor junto a la zona de baño"; otra, "más profunda que la primera y más ancha en su cauce, la cual recoge las aguas pluviales que caen sobre la zona de cultivos (...) trasladándolas hacia una zona de descampado situada en la playa de la Loma del Castillico" y finalmente una tercera que discurre paralela a la autovía RM-12 que tiene "su salida directamente hacia la calle Ingres de Mar de Cristal", junto a las viviendas.
"Cuando hay lluvias, las aguas que arrastran todo tipo de sustancias y productos utilizados por las explotaciones agrícolas, así como barro, etc. van a parar al Mar Menor, lo que ha producido y está produciendo unos graves efectos contaminantes por arrastres de abonos, pesticidas, fertilizantes y estiércol".
El descontrol en los vertidos de salmuera con nitratos en el Campo de Cartagena no es exclusivo de empresas privadas ni del resto de agricultores incluidos en ambas denuncias de la Fiscalía. Incluso tuvo lugar mientras una de las fincas estaba bajo responsabilidad del Estado.
En 1997, un empresario de Cartagena que ocupaba un alto cargo político en el Ayuntamiento de Marbella se puso en contacto con un antiguo amigo, cartagenero como él y a quien conocía desde hacía veinticinco años. Quería que le ayudase a localizar fincas rústicas en la zona de Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares para dedicarlas al cultivo de cítricos.
Hecha la operación, que se puso a nombre de la empresa Inmuebles Urbanos Vanda, después renombrada Vanda Agropecuaria, las fincas se agruparon bajo el nombre de Explotación Agrícola La Loma. El empresario cartagenero mandó construir en ella una vivienda de 1.219 metros cuadrados con diez dormitorios, bodega, tres cocinas, capilla, una torreta tipo castillo y un porche con vista a las piscina desde la que dirigía sus negocios en la región.
El agua se buscó donde se buscaba habitualmente: bajo el suelo. Se perforaron pozos, se hizo un embalse y, como el agua era altamente salina, se instalaron dos desalobradoras para hacerla apta para el riego.
El 29 de marzo de 2006, registraban La Loma por orden de un juez de Málaga. El dueño de la finca, Juan Antonio Roca, era el cerebro de una mafia urbanística que se había instalado durante quince años en Marbella. Sus numerosos bienes, fincas, colecciones de carruajes, ganaderías y obras de arte eran requisados por el Estado.
La finca, con sus pozos, sus desalobradoras y sus vertidos, también. Su administración, junto con el resto de bienes de Roca, se le encargó al despacho malagueño Idea Asesores, que sería también quien se encargaría de organizar la subasta de los bienes de Roca. La Loma era la propiedad de mayor valor de todas las que salieron a la venta para resarcir al Estado de los delitos del ex gerente de urbanismo. Se valoró en 27,5 millones de euros. La web en la que se expusieron los bienes de Roca publicitaba las balsas, pozos y desaladoras de La Loma como parte de los atractivos de la misma.
El 1 de marzo de 2017, once años después de aquella visita de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, estos volvieron a La Loma. Esta vez fue el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona.
Un año antes las aguas del Mar Menor se habían vuelto de color verde, poniendo a la vista lo que se temió durante décadas: la laguna, protegida legalmente por numerosas figuras internacionales, se había eutrofizado. El vertido de nitratos de los abonos del regadío había alimentado el fitoplancton, que se había reproducido hasta impedir el paso de la luz al fondo, lo que a su vez había matado buena parte de la pradera marina.
Pese a la orden de detener todos los vertidos, las desalobradoras de La Loma seguían funcionando; el agua se seguía captando de los pozos y el rechazo de la desalobración se expulsaba a un salmueroconducto, acabando vertido en la Rambla del Albujón y de ahí al Mar Menor.
Entre 2012 y 2016, con la explotación bajo la responsabilidad del Estado, La Loma, se estima en el denuncia del fiscal José Luis Díaz Manzanera, había vertido rechazo cargado con nitratos equivalente a 246 piscinas olímpicas.
En noviembre de 2017, La Loma, junto con otras fincas agrupadas en el mismo paquete, era comprada por Melones El Abuelo (Productores y Comercializadores de Melón S.L.) por 18,5 millones de euros, lejos de los 27,5 millones que figuran en la web donde se exponen los bienes de Roca a la venta y también de los 24 millones que estuvo a punto de pagar otro comprador. Este desistió por los problemas hídricos que atravesaba la región, se informó a la Sala.
La Loma es la gota que colma el vaso por haber estado dañando presuntamente el Mar Menor estando bajo responsabilidad del Estado. Pero no es más que un ejemplo del descontrol sobre las aguas subterráneas del Campo de Cartagena. Consultado por DATADISTA, el actual propietario, Melones El Abuelo, contesta por correo electrónico que fue él quien precintó las desaladoras ante notario tras adquirir la finca La Loma porque no estaban precintadas. Así mismo comenta que los pozos están "documentados, revisados y útiles" y por tanto no han sido clausurados.
Al Mar Menor le han llegado nitratos del regadío por vía superficial, por el agua que ha aflorado del acuífero contaminado por los abonos, dado su alto nivel freático y ha discurrido por las ramblas hasta llegar a la laguna y por el subsuelo, debido a la conexión que existe entre dicho acuífero y el mar. Actualmente se está revisando qué cantidad entra por esta última vía. También se ha visto afectado por el urbanismo salvaje, el alto número de puertos deportivos y el dragado del Canal del Estacio para dejar entrar barcos de mayor calado.
Las causas son múltiples aunque con un claro protagonismo del sector agrícola. Quién va a pagar las medidas para acabar con el daño producido al Mar Menor es otra historia. Lo que ya se sabe es que no será ni inmediato ni barato.
En el marco del 'Caso Topillo' la Fiscalía hizo hincapié en que hace años que se detalló el presupuesto de las medidas necesarias para evitar la eutrofización del Mar Menor. En el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 2009-2015 se preveía una inversión de 425,5 millones de euros que incluía 33,4 millones para reducir la entrada de nutrientes a la laguna; 51,4 millones para reducir los retornos de riego; 9,1 millones para sellar pozos y evitar la contaminación cruzada de acuíferos;y 20,3 millones para recoger vertidos de desalinizadoras que acababan en la Rambla del Albujón. Lo que se hizo de las medidas previstas fue muy poco pero de estas cuatro concretas, señala la Fiscalía, el ejecutado fue cero, según figura en el Plan de Cuenca 2015-2021.
En marzo de 2019, el Ministerio de Transición Ecológica publicó el documento de "Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena" después de someterlo a consulta pública. Lo primero que hace el documento es admitir lo ocurrido: que “el Mar Menor ha sufrido un proceso de enriquecimiento de nutrientes producido como consecuencia de la actividad humana, provocando una alteración en sus condiciones naturales”, lo que desencadenó “una crisis trófica de tipo explosivo” y ha provocado “que la estabilidad ecológica y la capacidad de resiliencia del Mar Menor sean limitadas, estando muy condicionadas por sucesos que puedan producir perturbaciones y aumentar el grado de estrés”, como de hecho ha ocurrido tras el último episodio de gota fría.
La capacidad de resistencia del Mar Menor acabó volviéndose en su contra. Las mediciones de nitratos en la costa occidental, sobre todo en torno a la Rambla del Albujón, demostraron que el nivel de nitratos ya era preocupante en los años 2010 y 2012 pero las aguas seguían transparentes.
En la segunda mitad de 2015, “cambio drástico”, “colapso medioambiental”, dice el documento del Ministerio. A partir de 2016, las mediciones de nitratos en la laguna se disparan. Se pierde un 85% de la extensión inicial de las praderas marinas resistiendo solo las que están en las partes menos profundas y por tanto más iluminadas. Se dispara la mortandad de invertebrados en la laguna. Se dispara el fitoplancton, que va ganando tamaño así como sus excreciones, que producen espuma, color verde intenso y descomponen la materia orgánica del agua.
El documento reconoce que “se hace necesario revertir esta situación eliminando o minimizando los impactos que se producen sobre la laguna". Por increíble que parezca la clave de la solución está en buena medida en volver a hacer lo que se dejó a medias y finalmente se deshizo cuando el color verde del Mar Menor hizo saltar las alarmas.
Lo primero será desalobrar y desnitrificar las aguas del acuífero Cuaternario, extrayendo 12hm3 al año (cantidad que se quiere revisar cuando se conozca el volumen de agua del Cuaternario que descarga en el Mar Menor de forma subterránea). El proceso se hará en la planta original pensada para ello, la desalobradora del Mojón; y en la de Arco Sur. El agua desalobrada apta para riego se entregará a los regantes mientras que la salmuera, ya desnitrificada, se verterá en el Mediterráneo mediante dos emisarios.
Los pozos no registrados y causantes de la contaminación cruzada entre acuíferos se clausurarán conforme a un programa de ordenación y la extracción de las aguas subterráneas se hará de forma centralizada.
En cuanto a la superficie de regadío, el documento indica que, “más allá de los procedimiento judiciales abiertos", se debería revisar "la legalidad de las concesiones y superficies de cultivo" y la gestión de sus vertidos”.
El documento da por buenas las cifras de regadío al margen del oficial que llevan tantos años denunciando las asociaciones ecologistas. Afirma que , entre 1988 y 2009, el regadío de la cuenca pasó de unas 25.150 ha a unas 60.700 y se estima actualmente un incremento de "entre 15.000 y 20.000 ha adicionales al margen de las cifras oficiales”.
647 millones
COSTE DE LAS MEDIDAS
La Declaración de Impacto Ambiental ha sido aprobada en septiembre de 2019 lo que da via libre a su ejecución.
El proyecto se desarrollará durante una década y costará 647 millones, sufragados entre el Gobierno de la Región de Murcia, el Ministerio de Transición Ecológica a través de la CHS, las asociaciones de Regantes y los titulares de los pozos.
En diciembre de 2016, se presentaron ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dos denuncias sobre el estado del Mar Menor. Las denuncias, que fueron admitidas a trámite, han sido respondidas por la Comisión en tres ocasiones: 2017, 2018 y en junio de 2019. En todas las respuestas, la Comisión comunica a los denunciantes que por el momento descarta abrir un procedimiento de infracción y se mantiene a la espera de las actuaciones que las diferentes administraciones competentes realicen en el entorno de la laguna en los próximos años y en particular en la aplicación de las Iniciativas Territoriales Integradas (ITI) del Mar Menor. Un plan provisto de diferentes fondos europeos en el que la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente lleva invertido más de 28 millones de euros en infraestructuras como los tanques de tormenta.
Por otro lado, respecto al expediente a España que mantiene abierto la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa de nitratos, este se encuentra en lo que la propia Comisión denomina procedimiento administrativo previo.
Según explican fuentes de la Comisión a DATADISTA, en esta fase se pretende "inducir al Estado miembro a que trate de cumplir voluntariamente los requisitos de la UE, permitirle ejercitar su derecho a defensa y delimitar el objeto de la controversia con vistas a un posible recurso frente al Tribunal de Justicia". Si esta fase no tiene éxito, se pasa a la fase contenciosa.
Las autoridades españolas tendrán que demostrar que han hecho todo lo posible para reducir los riesgos de la contaminación por nitratos y, en cualquier caso, lograr un acuerdo con la Comisión para evitar el paso a esa segunda fase y minimizar las posibles sanciones.
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Esta investigación periodística está basada en el análisis de datos de organismos públicos, acceso a documentación obtenida de fuentes propias y peticiones de información pública. También hemos tenido acceso a denuncias, informes y transcripciones de declaraciones en sede judicial. Durante la realización de esta investigación hemos entrevistado a más de una treintena de fuentes que han dado su testimonio en entrevistas grabadas en formato audiovisual y off the record. Aquí puedes acceder a la versión completa de este reportaje.
Parte de la investigación llevada a cabo ha sido apoyada por Water Integrity Network. El contenido y las declaraciones realizadas son editorialmente independientes y expresan los puntos de vista de los contribuyentes individuales, no los de WIN.
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