Diciembre de 2025. Se vende chalet independiente de 300 metros cuadrados por 677.900 euros, en una urbanización exclusiva en el municipio de El Gordo, en Cáceres. Tiene jardín con vistas a la Sierra de Gredos, grandes ventanales en una isla en medio de un pantano, con campo de golf, piscinas, playa artificial y tres sentencias. Tres más, del Tribunal Constitucional, emitidas entre el 23 de septiembre y el 18 de noviembre de este año 2025, que dicen que esa casa, como las otras 184 de la misma urbanización, el hotel y todas las construcciones terminadas y a medias del complejo urbanístico de Valdecañas, son ilegales y hay que tirarlas. Desde hace más de 15 años, con cada sentencia, la Junta de Extremadura inventa un nuevo cambio en la normativa que los tribunales es probable que tumben pero reactiva la rueda judicial. Resultado: lo ilegal no se tira. Lo ha vuelto a hacer.

Un amaño en la planimetría que recuerda a la "burda maniobra", según los jueces, de los planos del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar que permitieron levantar el hotel de El Algarrobico. Otra construcción ilegal que iba a tirarse este año y sigue allí. El pasado 12 de diciembre la Guardia Civil tuvo que entregar en mano al alcalde de Carboneras (Almería) la resolución del TSJA que le obliga a modificar el plan urbanístico del municipio para volver el suelo del hotel a su estado originario, no urbanizable de especial protección, antes del 19 de enero o empezar a pagar 1.000 euros de multa cada 20 días. Y eso es solo el primer paso para declarar ilegal la licencia y poder iniciar el expediente de derribo.

Administraciones en rebeldía, sentencias que parecen inservibles tras largos y costosos procedimientos judiciales que son iniciados en solitario por asociaciones ecologistas mientras las administraciones protegen al infractor, leyes modificadas a posteriori que reactivan los procesos judiciales y, cuando la piqueta parece inevitable, el argumento del coste de las indemnizaciones y la injusticia de cargarlas al erario público.

España es un alumno aventajado de Europa construyendo sobre zonas protegidas porque la maraña legal y judicial se ha convertido en un férreo escudo protector de lo ilegal. Se ha ido tejiendo con mimo desde los procesos de los boletines oficiales, los repartos de competencias y la burocracia hasta la obligación de indemnizar a los terceros de buena fe que compran en teoría sin saber que algo es ilegal. En plena debacle tras la burbuja, vino a unirse desde 2015 la obligación a los ayuntamientos de tener fondos para indemnizar antes de iniciar una demolición.

Green to Grey

España es el paraíso de lo ilegal pero el fenómeno de destrucción de la naturaleza es común a toda Europa y mucho peor de lo que se estimaba hasta ahora. Un bosque costero transformado en un hotel de cinco estrellas en Grecia; campos de cultivo borrados en el Reino Unido para albergar un inmenso centro de datos de Amazon, un denso bosque de pinos arrasado en Alemania en donde hoy se levanta una inmensa factoría de Tesla son solo algunos ejemplos de una realidad.

Europa ha perdido entre 2018 y 2023 unos 9.000 km² de naturaleza y tierras de cultivo, convertidos en superficies construidas, según la investigación periodística Green to Grey, un consorcio de medios de 11 países, en el que DATADISTA es el medio investigador en España, coordinado por Arena for Journalism in Europe y NRK, con apoyo científico del Norwegian Institute for Nature Research (NINA) y el apoyo financiero de Journalismfund Europe y IJ4EU.

El ritmo equivale a 1.500 km² al año: alrededor de 900 km² de naturaleza y 600 km² de suelo agrícola. En términos más visuales, son casi 30 km² por semana, unos 600 campos de fútbol al día.

Para medir la situación de Europa, se ha aplicado un método basado en imágenes de satélite y un modelo de inteligencia artificial entrenado para clasificar el suelo, corregido con verificación humana. Periodistas y verificadores revisaron manualmente más de 10.000 localizaciones para estimar el error del modelo y ajustar las cifras, con intervalos de confianza. Con este enfoque, Green to Grey sostiene que los recuentos previos, basados en umbrales mínimos de tamaño y fuentes menos detalladas, subestiman la magnitud real del fenómeno.

Este trabajo no solo cuantifica cuánto se construye, sino que también señala dónde ocurre. Entre 2018 y 2023, se identifica más de 150.000 casos de nuevas construcciones que se solapan con áreas protegidas, más de 70 al día, y advierte que la etiqueta de protección no siempre actúa como freno. En el análisis continental, NINA estima que cuatro de cada cinco transformaciones se producen en ecosistemas ya modificados por la actividad humana. Esto, según advierten los expertos, no es un mal menor: al pavimentar estas zonas semi-naturales o espacios verdes urbanos, se elimina definitivamente la oportunidad de restaurar esos suelos y se agrava la fragmentación del paisaje, destruyendo defensas críticas contra inundaciones y olas de calor. La investigación sitúa como motores principales la vivienda y, en segundo lugar, carreteras y centros logísticos.

En el sur de Europa, en países como España o Italia, buena parte del gran ciclo de ocupación del territorio ocurrió antes. Por eso, en la ventana que medimos, 2018 a 2023, aparecen con un consumo comparativamente menor de suelo natural. Pero el patrón no se detiene: incluso ahí se sigue planificando y construyendo sobre los márgenes de naturaleza que quedan.

En el norte, países como Noruega o Finlandia, figuran entre los peores en pérdida per cápita, y los bosques escandinavos aparecen como uno de los grandes puntos calientes de la destrucción de naturaleza en el continente. En la práctica, no siempre hablamos de megaproyectos, sino de un goteo constante de obras pequeñas que, acumuladas, fragmentan lo que queda: como lo resumió el equipo belga, una muerte por mil cortes.