El próximo 21 de febrero de 2026 se cumplirán 20 años desde que el entonces juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, paralizó de forma cautelar la construcción del hotel de El Algarrobico. Faltaba bien poco para la inauguración. Estaba prevista la ocupación por los turoperadores dos meses después. Había alrededor de 200 personas trabajando en el edificio cuando llegó la orden. Dicen que algunas lloraron.

El pasado mes de febrero, la vicepresidenta María Jesús Montero anunció el inicio del expediente de expropiación de la parte de servidumbre de dominio público que invade el hotel con la intención de iniciar su derribo en cinco meses. Con el plazo más que cumplido, allí sigue.

Durante dos décadas, sentencia tras sentencia han dicho que es un hotel ilegal

Está levantado sobre suelo protegido no urbanizable en pleno Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, parte de la Red Natura 2000, incumpliendo por mucho la Ley de Costas de lo cerca que está de la orilla del mar.

Fue construido en base a unos planos del Parque amañados desde la Junta de Andalucía que nunca se publicaron en ningún boletín oficial pero se hicieron llegar donde interesaba para que pudieran empezar las obras y con una licencia de obra para la que se cambiaron ordenanzas municipales temporalmente de modo que dicha licencia le saliera casi gratis a la constructora.

La inmensa mentira de El Algarrobico no acaba ahí. Hay mentiras en la nota simple del Registro de la Propiedad y mentiras en el contrato de compraventa del terreno. Se ha mentido sobre el empleo que daría el hotel y hasta a Europa. El hotel motivó un expediente contra España que solo se cerró tras prometer el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero su demolición y asegurando que era un edificio individual, lo que no era tampoco cierto porque el plan al que se ha tenido acceso incluía varios hoteles y edificios de viviendas.

El hotel incluso pareció volverse legal durante dos años, lo que ha enturbiado incluso la actuación de los tribunales. En 2014, tras una maniobra para cambiar de sala en el último momento dos de los recursos que se juzgaban en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se emitieron dos sentencias que daban por buena la clasificación del suelo como urbanizable y la licencia de obras anulada en primera instancia.

Entre los miembros del tribunal, un juez que después cogió la excedencia y fue contratado por el Ayuntamiento de Carboneras para defender el hotel. El Supremo anuló esas sentencias en 2016 con duras críticas al cambalache. Un largo camino, en fin, que acumula sentencias firmes, que han viajado desde los juzgados de primera instancia al Supremo por todos los cauces abiertos para evitar su derribo y que han desembocado una y otra vez en la misma conclusión: es ilegal y hay que tirarlo. Y allí sigue.

¿Por qué no se tira El Algarrobico? Porque no ha habido ningún tribunal que diga expresamente que se tire, dejándolo en manos de las administraciones

Tampoco han anulado de oficio los documentos que lo sostienen. El Supremo ha dicho que se ha llegado a "una situación carente de toda razón y derecho" y que la solución no puede ser otra "que la reposición de los terrenos a su estado originario", no urbanizables de especial protección, pero es el Ayuntamiento de Carboneras quien debe hacerlo en cumplimiento de las sentencias.

Todo lo que tiene que pasar

Hay cuatro cosas que tienen que pasar para poder derribar El Algarrobico.

José Ignacio Domínguez, el abogado que logró paralizar la construcción en 2006 y que representa a Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción Andalucía y Greenpeace, lleva años buscando el modo de lograr que un tribunal dé la orden definitiva y específica de tirar el hotel, o al menos que anule de oficio la licencia de obra que permita abrir el expediente de demolición, o al menos obligue a modificar el Plan de Ordenación Urbana que haga nula la licencia que permita abrir el expediente de demolición, pero choca una y otra vez precisamente con esas tres capas del escudo de papeles con membrete que mantienen la mole en pie.

Con eso y con la rebeldía del Ayuntamiento de Carboneras, que lleva retrasando años el cumplimiento de los cambios que le exigen los tribunales.

Rastreando las actas de los plenos de Carboneras, que lleva desde 2018 y con tres alcaldes diferentes burlando la obligación de cambiar el PGOU y revisar la licencia, pueden atisbarse razones para semejante rebeldía. Por un lado, el PSOE local no solo es quien facilitó la construcción y mantuvo el hotel ilegal, con ayuda de la Junta de Andalucía, también socialista. En el Pleno del pasado 31 de julio convocado para cambiar de nuevo el PGOU, se negó a votar pese a estar presente y defendió que lo justo era indemnizar a la constructora pero salvando las arcas de Carboneras y con apoyo de la Junta y que, para ello, lo mejor era seguir el plan de expropiación de la ministra Montero. El alcalde actual, aunque enfrentado en ese momento al PSOE, defendió también la indemnización pero con un acuerdo similar al que se había alcanzado para salvar del regadío ilegal el Parque de Doñana, dando a entender que pedía fondos públicos europeos para indemnizar y zanjar el asunto.

La mutación de los planos

El pasado 12 de diciembre, la Guardia Civil acudió al Ayuntamiento de Carboneras a entregar una resolución del TSJA al alcalde, Salvador Hernández, que a pesar de su actual enfrentamiento gobierna por un acuerdo con el PSOE, que le insta a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, antes del "19 de enero de 2026", la documentación íntegra que modifica el Plan de Urbanismo del municipio y no únicamente "el anuncio" del cambio con un enlace "a la página web municipal", como se hizo el 22 de septiembre, según el auto al que ha tenido acceso DATADISTA.

La notificación se hizo con "advertencia expresa al señor alcalde de imposición a su cargo de multa coercitiva por importe de mil euros, que será reiterada cada veinte días hasta el cumplimiento de lo requerido".

Así, a golpe de amenaza de multa, se ha procedido a entregar al registro el cambio del Plan General de Ordenación Urbana de Carboneras, pero a cierre de esta edición faltaba aún su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Desde el Ayuntamiento aseguran que es algo que puede ocurrir en los próximos días, que han tardado porque la documentación pesa mucho y porque han estado sin secretario.

Nadie se fía del Consistorio dados los antecedentes de impulso y defensa del hotel y de retraso de la solución

Durante años, se han incumplido las sentencias con errores, omisiones e incluso clasificaciones que decían lo contrario a lo que indicaban las sentencias en firme. Cambian los alcaldes, cambian las alianzas entre partidos, los que demandaron a unos se alían con ellos para echar a sus antiguos socios, pero el hecho final es que lo que se tiene que hacer no se hace.

En la página del Ayuntamiento de Carboneras, según el expediente consultado por DATADISTA, aparece efectivamente el suelo sobre el que se asienta El Algarrobico como parte del Parque Natural y con el tono verde que identifica en la leyenda los SNU-EP, es decir, suelo no urbanizable de especial protección. Pero aún aparece un plano que otorga al terreno la categoría C3, que permitiría la recuperación del hotel.

La ilegalidad de la planimetría de la playa de El Algarrobico no es un cúmulo de errores sino el pecado original de esta inmensa mentira. Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras, así como la constructora, sabían desde el principio que la ley no estaba de su parte. Ese suelo estaba protegido no por una sino por dos normas superiores: la Ley de Costas de 1988 y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar.

El 15 de febrero de 1988, once años antes de que Azata comprase el suelo, el Ayuntamiento de Carboneras recibió un informe, preceptivo y vinculante, del director general de Costas avisando de la publicación de la nueva Ley de Costas e instando al Consistorio a modificar esos planos para que la construcción dejase libres los 100 metros desde la ribera del mar. El Ayuntamiento ignoró el informe y aceleró el proceso. No le sirvió. La Ley de Costas se aprobó con carácter retroactivo. Los planes, sin embargo, no se anularon.

A finales de 1994, la protección del suelo de la playa de El Algarrobico se disparó al aprobarse el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. Ese suelo pasó a calificarse como C1, un suelo no urbanizable de especial protección, tal y como se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Al sector inmobiliario se le compensó con la posibilidad de construir en municipios cercanos como San José o Agua Amarga.

En 1997, empezaron las maniobras para blindar lo que sabían que era, en palabras del juez Rivera, "manifiestamente ilegal"

Desde la Junta de Andalucía se hizo llegar a la dirección del Parque y el Ayuntamiento de Carboneras, nunca al boletín oficial ni con el procedimiento de aprobación reglado, un plano modificado del Parque Natural en el que el suelo de la Playa de El Algarrobico pasaba de lucir una calificación C1 a D2, es decir, urbanizable. En el periplo judicial de este largo caso se supo que el cambiazo había tenido lugar en 1997 y la Junta alegó que era porque el original del boletín oficial no permitía ver bien la calificación del suelo, algo que no creyó ni el juez de primera instancia, que lo calificó de "burda maniobra", ni el Supremo, que lo llamó "triquiñuela".

Para desgracia de los impulsores del hotel, quien conocía bien el plano oficial, como Mario Sanz, farero de Mesa Roldán y vicepresidente entonces de Amigos del Parque, y José Ignacio Domínguez, vieron en 2003 iniciarse las obras y dieron rápido la voz de alarma.

Precisamente en 1997, la constructora Azata, que todavía no era ni dueña de los terrenos de El Algarrobico, preguntó al Servicio Provincial de Costas si a ese suelo le afectaba la Ley de Costas. En marzo de 1998 recibió la respuesta: sí. "La servidumbre de protección" de ese suelo tenía "un ancho de cien metros". Tres años después, en 2001, con Azata ya dueña del terreno, en la nota simple del Registro de la Propiedad de Almería apareció una indicación que decía lo contrario. Esos terrenos "no invaden el dominio público marítimo terrestre". Como si fuera un roto en la costa, una tierra de nadie al margen de la legislación estatal y eso pudiera decidirse desde el registro de la propiedad. Ese mismo año, Azata pidió la licencia de obras al Ayuntamiento de Carboneras.

Con la misma estrategia Jedi, en el contrato de compraventa apareció otra afirmación negando la realidad. No era ya que no fuese suelo protegido, lo sacaban directamente del Parque en documento privado: "Las partes vendedoras hacen constar que las fincas objeto de esta escritura no están enclavadas dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, no existiendo limitación alguna que impida el desarrollo de las normas subsidiarias del Planeamiento de Carboneras y del Plan Parcial que lo ordena".

En 2008, el juez Jesús Rivera en su sentencia contra el hotel consideró que las acciones y omisiones de la Junta presentaban "los caracteres de los delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio definidos y sancionados en el vigente Código Penal". Remitió las actuaciones al Ministerio Fiscal pero el caso se archivó y cuando quiso reabrirse había prescrito.

Licencia nula sin anular

La anulación de la licencia de obra que el Ayuntamiento otorgó a Azata en 2003 también ha avanzado a golpe de amenaza de multa. El TSJA sentenció en 2018 que el Ayuntamiento debía revisarla. El Supremo ratificó la decisión en 2022. Ante la amenaza, de nuevo, del TSJA de multar al Ayuntamiento si no la ejecutaba, se aprobó en Pleno el pasado 11 de julio de 2025 el inicio del expediente de revisión. Tenían seis meses que vencen el próximo 11 de enero de 2026.

En la revisión es necesario informe del Consejo Consultivo de Andalucía, que no se solicitó hasta principios de diciembre, y con la documentación incompleta. Según las citadas fuentes del Ayuntamiento, antes de pedir el informe, recibieron un escrito de Azata advirtiendo de las consecuencias para el Consistorio en caso de hacer ese requerimiento e iniciar con ello el proceso de anulación de la licencia.

El Ayuntamiento asegura ahora que ya ha entregado la documentación. De ser así, el Consejo Consultivo tendrá 30 días para pronunciarse, por lo que se da por hecho que el plazo establecido se va a superar. El hecho es que la licencia sigue sin anularse.

José Ignacio Domínguez anticipa un nuevo enredo judicial incluso cuando se cumpla la revisión y se anule la licencia: Azata recurrirá.

Si el Ayuntamiento, en otra carambola, decide darla de algún modo por buena, serán las asociaciones ecologistas quienes recurran. Otra vez la rueda judicial en marcha.

Cristóbal Fernández, el alcalde socialista que más tiempo ha gobernado Carboneras en democracia, puso su nombre, su cara y su voz, en mítines y huelgas lideradas desde el Consistorio, a trabajar en favor de la apertura del hotel pero quizás sus mayores servicios no fueron los más visibles. Uno de los más llamativos es precisamente la práctica gratuidad de la licencia de obra cuya revisión tiene pendiente ahora el Ayuntamiento.

Se logró con la aprobación en 2001 del plan de Desarrollo Carboneras Viva, el mismo año en que Azata, la constructora de El Algarrobico, pidió la licencia. El plan eximía de la tasa y el impuesto de la licencia de obras a los edificios hoteleros de nueva construcción. El que hubiera sido uno de los mayores ingresos de este tipo para el Consistorio, dadas las dimensiones del hotel, desapareció por una ordenanza que se derogó a finales de 2003, después de conceder la licencia.

La expropiación, ¿otra vez?

A principios de 2025, la vicepresidenta María Jesús Montero, en pleno lanzamiento de su campaña de liderazgo del PSOE andaluz con la intención de ser la próxima candidata socialista a la Junta de Andalucía, comparecía con atril y micro en una playa en la que, en épocas más propicias del año, se habría visto rodeada de nudistas. A su espalda, la inmensa mole del hotel de la constructora Azata del Sol: el hotel de El Algarrobico.

Montero anunció que iba a "poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural". Y añadió: "Vamos a hacer realidad algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo". Incluso puso plazo al derribo: 5 meses. Y de las terrazas desconchadas, rotuladas hace años por Greenpeace como HOTEL ILEGAL, plagadas hoy de nidos de pájaros que han hecho del hotel finalmente su residencia, pareció escucharse el eco de otro socialista, Manuel Chaves, entonces presidente de la Junta, anunciando 20 años antes que iba a derribar el hotel.

El Gobierno pretende iniciar la demolición expropiando parte de la parcela sobre la que tendría derecho el Estado, 16.423 metros cuadrados que se corresponderían con la servidumbre de protección de la zona de dominio público marítimo terrestre tal y como aprobó el consejo de ministros el 11 de febrero.

La expropiación ya se inició en 2007 y se dio marcha atrás ante el riesgo de tener que indemnizar a la constructora

Cristina Narbona, ministra entonces de Medio Ambiente, llegó incluso a un pacto de expropiación con la constructora, 15,5 millones de euros por la parcela que ahora se pretende expropiar, según los documentos a los que tuvo acceso DATADISTA, más suelo urbanizable en el municipio de El Toyo.

Las elecciones generales de 2008 paralizaron el proceso y Elena Espinosa sustituyó a Narbona en Medio Ambiente. En 2009 se decidió paralizar el expediente de expropiación en vista de que eso podía dar lugar a tener que indemnizar a la constructora cuando parecía innecesario, puesto que los tribunales ya estaban señalando que la construcción no era legal.

El Gobierno tiene como oro en paño un informe de la Abogacía del Estado de octubre de 2024 en el que se considera que la indemnización a Azata en el proceso de expropiación debe basarse en un suelo rústico, no urbanizable, e ignorar la existencia sobre ese suelo del gigantesco hotel. "No es admisible la existencia de edificaciones destinadas a uso residencial en la zona de servidumbre de protección", "se ha reconocido la inviabilidad del proyecto hotelero por las sociedades propietarias" y el Plan del Parque "impide la existencia de dicho inmueble" porque está "abocado a su desaparición". El PSOE del Ayuntamiento de Carboneras, sin embargo, parece a favor de indemnizar a la constructora.

Azata ya ha interpuesto recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó la declaración para iniciar el proceso de expropiación. El Gobierno sabe que su talón de Aquiles, que le puede acabar costando un buen pellizco al erario público, es de nuevo lo que no ha pasado en Carboneras que tendría que pasar. Que los terrenos "deben figurar en el PGOU de Carboneras como suelo no urbanizable" y que "la licencia urbanística está pendiente de ser revisada de oficio por causa de nulidad".

La batalla judicial

La saga que sostiene el hotel

El empeño desde las administraciones en mantener en pie el ladrillo ilegal no es nuevo. Pero en el caso de El Algarrobico es un empeño con nombres y apellidos. Los de la familia que más tiempo ha estado en la alcaldía de Carboneras en democracia. Cristóbal Fernández como alcalde, junto a su hermana Rosario Fernández como teniente de alcalde, estuvieron durante 28 años de forma casi ininterrumpida al frente del Consistorio. Más recientemente fue el sobrino del primero e hijo de la segunda, José Luis Amérigo, el que se puso al frente del Ayuntamiento.

Aunque la mayor parte del tiempo han gobernado con las siglas del PSOE, se trata de una familia tan histórica a los mandos del municipio que lo gobernaron antes y durante la dictadura de Franco. Eran "camisas viejas", dicen los más mayores de Carboneras, impulsaron la F.E.T. de las J.O.N.S. local y repartían desde su economato el racionamiento. Al llegar la democracia, hicieron campaña primero por Blas Piñar y gobernaron como independientes en coalición con Alianza Popular antes de pasarse al socialismo al descubrir que en Andalucía ese era el caballo ganador.

Los planes de El Algarrobico se activaban con Cristóbal Fernández en el poder y se frenaban en los escasos momentos en que lo lograban apear de la alcaldía. En alguno de esos periodos, la Junta de Andalucía llegó a adjudicarse las competencias urbanísticas municipales de Carboneras para continuar con la tramitación de los permisos que desembocarían en la construcción del hotel.

Fernández siempre volvía y con él las competencias de Carboneras, incluso con alguna cuestionada moción de censura apoyada en algún tránsfuga. Y cuando él y su hermana fueron inhabilitados por sentencia firme por delito electoral, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero los indultó en un tiempo récord, nueve días después de que presentaran su dimisión, y a tiempo de que pudieran presentarse a las siguientes elecciones municipales, que volvieron a ganar por mayoría absoluta.

Lo apeó del poder Salvador Hernández, actual alcalde, que logró el cetro en 2017 con las siglas de un partido local independiente, el GICAR. Hernández acabó inhabilitado por una causa que podría inhabilitar a los políticos de media España: falta de información a la oposición. Lo recuperaron para el Ayuntamiento sus presuntos enemigos, los Amérigo Fernández, que le dieron entrada en el Gobierno. Duró 4 meses. Durante su alcaldía previa, Hernández había demandado al alcalde histórico, Cristóbal Fernández, por una contratación a dedo del alumbrado del paseo marítimo que le ha costado la inhabilitación en primera instancia.

Las elecciones autonómicas de 2023 recrudecieron esta interminable guerra de pactos con motivaciones nunca claras. PSOE y PP sacaron los mismos concejales, seis. Hernández, que se presentó por Ciudadanos, solo uno, él mismo, que le sirvió para apoyar al candidato del PP, Felipe Cayuela, que ya había sido también alcalde brevemente con otras siglas. En 2024, Hernández cambió de bando a cambio de ser alcalde durante la mitad de lo que restaba de legislatura con los votos del PSOE. El acuerdo incluía la vuelta de Amérigo a la alcaldía en la segunda parte. Aún no se ha producido.

Hay un acta del Ayuntamiento que muestra la gigantesca piedra en la que han chocado: El Algarrobico.

Mentiras hasta con el empleo

Las mentiras que rodean al hotel de El Algarrobico incluyen incluso la tan repetida historia que han recogido los medios una y otra vez sobre el problema de desempleo que la edificación podría solucionar. Carboneras ha sido durante décadas un enclave privilegiado en comparación a otros municipios de Andalucía en lo que a empleo se refiere.

El municipio, conocido como el pueblecico, fue un lugar aislado al que costaba llegar por carreteras sobre las que se derrumbaban las montañas que hoy forman el Parque. Hasta que llegó Lawrence de Arabia. El rodaje de la película primero y la llegada de la central térmica de Endesa y la cementera de Holcim después colocaron el municipio en el mapa, multiplicaron su población y lo fueron dotando de infraestructuras y empleo.

Tanto es así, que para construir el hotel se trajeron trabajadores de otros países a los que se alojó en un edificio en el tiempo récord en que duró la construcción, según explica Mario Sanz, el farero hoy ya jubilado de Mesa Roldán que, siendo entonces vicepresidente de Amigos del Parque, fue el primero que dio la voz de alarma en 2003 al ver las máquinas moviendo tierra en la playa de El Algarrobico.