Ruta por la España de los pensionistas pobres en tiempos de inflación desbocada

Con los precios de alimentos básicos y de la electricidad escalando, en economías domésticas acostumbradas ya a un control férreo del gasto, cualquier sobresalto en esta primera mitad de 2022 ha descuajaringado por completo el presupuesto. Una factura de la luz que llega sin el bono social precisamente el mes que se cuadruplica el importe, una operación de cataratas que obliga a comprar unas gafas nuevas, pruebas médicas que obligan a desplazarse en coche semanalmente al hospital más cercano. La cesta no les ha salido más cara, se ha quedado más vacía. Porque su opción no es pagar más sino consumir menos.

En España, 2.208.391 personas reciben una pensión contributiva con complemento a mínimos, lo que equivale desde principio de este año a cobrar 721 euros al mes en 14 pagas en caso de no tener cónyuge a cargo. Otras 264.100 personas cobran 421,5 euros al mes de pensión no contributiva de jubilación y 180.700 reciben 462,7 euros de media por tener una pensión no contributiva de invalidez.

Son estas últimas, las no contributivas tanto de jubilación como de invalidez, las que van a recibir un incremento del 15% hasta final de año, tal y como ha anunciado este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el resto de las nuevas medidas para hacer frente a la crisis de los precios. En euros contantes y sonantes, la subida de las no contributivas supondrá entre 63 y 70 euros de subida al mes.

Pensiones mínimas y brecha de género

La brecha de las mujeres con pensión mínima

La brecha geográfica e industrial

España es una sucesión de brechas también en las pensiones. A la de género se superpone una brecha geográfica norte-sur, costa-interior, ciudad-campo. Lanzando sobre el mapa del país la estadística de pensiones medias por municipio del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, es posible recorrer la historia económica de los municipios de España.

Pensión media por municipio

Hay un mundo entre los 456,93 euros mensuales que cobran de media los 10 pensionistas de Padrones de Bureba, en Burgos, y los 1.781 que cobran de media los 342 pensionistas de Degaña, en Asturias. Asumiendo las limitaciones de las medias, hay diferencias con una clara explicación económica.

Junto al imán de rentas más altas de las capitales de provincia, se distingue dónde hubo minería, cuyos trabajadores cuentan con un Régimen Especial de la Seguridad Social, y dónde hubo industria. Este hecho sitúa al frente de las pensiones medias más altas a municipios otrora mineros como Degaña (Asturias) o Igüeña (León), ambas por encima de los 1.700 euros de pensión media; así como Estercuel, Andorra, Gargallo y Ariño (Teruel); Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Riosa y Aller (Asturias); Villablino y Fabero (León), por encima de los 1.600 euros. En este grupo de cabeza solo se cuelan fuera de la mina localidades de Madrid como Tres Cantos, Las Rozas y Majadahonda, así como Getxo (Bizkaia).

Al margen de los pequeños pueblos de Burgos con menos de 20 pensionistas y las pensiones medias más bajas de España, lejos quedan también los municipios con más de 500 pensionistas que tienen una pensión media por debajo de 600 euros, todos pueblos de las zonas rurales de Ourense (Sarreaus, Ramirás, Avión, O Irixo y Padrenda).

El Instituto Nacional de Estadística elabora el IPC en base a una cesta formada por lo que considera artículos más consumidos por la mayoría de la población, según su coste en los establecimientos más visitados y ponderando la importancia relativa de cada artículo en la cesta en función de las tendencias de consumo de los hogares. Cada cinco años se revisa la cesta para adaptarla a las nuevas pautas de consumo, admitiendo carencias de calado como la actual falta de incorporación al cálculo del precio de la luz en los hogares con tarifa en el mercado libre.

El último cambio incorporó las mascarillas y la suscripción a periódicos on line y eliminó productos como el DVD y el compact disc.

Las pensiones son una de las rentas que ha vuelto a estar ligada al IPC tras la última reforma siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo. El Gobierno mantiene de momento la promesa de que revalorizará para 2023 todas las pensiones conforme al IPC, revalorización que suele fijarse en un porcentaje superior para las pensiones mínimas y no contributivas. En 2022, la subida general fue del 2,5% y del 3% en las mínimas y no contributivas. En ambos casos, después de aplicar la subida del 1,6% de desviación del IPC previsto de 2021.

Pero ¿cuánto tiene que ver la cesta de consumo general con la de las personas con las pensiones más bajas? Los pensionistas que aparecen en este reportaje, especialmente aquellos que cobran una pensión no contributiva, dibujan una cesta que se parece mucho más a la segunda pestaña de este gráfico que a la primera, que recoge la ponderación utilizada actualmente por el INE.

Es habitual que los pensionistas con las pensiones más bajas repitan que llevan años sin vacaciones y no van a restaurantes (Turismo y Hostelería, 13,24% en la ponderación del IPC), que deberían ir al dentista pero retrasan o directamente han renunciado a ese gasto (servicios médicos y similares, 1,65%) o que limitan al máximo la compra de ropa (prendas de mujer, 2,2%).

Siendo la alimentación uno de sus principales gastos mensuales, ya habían limitado su consumo a ciertos productos. “La ternera ni tocarla”, “las fresas ni mirarlas”, “merluza imposible”, son algunas de las frases que han ido definiendo la zona prohibida del mercado para las rentas más bajas a lo largo del reportaje.

Pero incluso aquellos productos que eran protagonistas de su cesta han disparado sus precios, como ocurre con la carne de ave y de cerdo. Ha sido habitual escuchar explicaciones de cómo en la crisis de precios que están sufriendo con especial virulencia han tenido que modificar una vez más su patrón de consumo. Eliminar productos, cambiar unos por otros, reducir los ingredientes de una comida. Economías de emergencia que dejan en pañales la tan aclamada idea de American Airlines a finales de los ochenta de suprimir una aceituna de las ensaladas de los pasajeros ahorrando con ello miles de dólares.

Variación del precio de las carnes en España respecto al mismo mes del año anterior

Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social reconocieron recientemente que está en estudio cómo hacer el cálculo de las pensiones mínimas y no contributivas en base a las características de consumo peculiares de sus beneficiarios y que la intención es llevarlo a la mesa del diálogo social para fijar una cuantía por encima del IPC que no dependa cada año de lo que decida el Gobierno de turno en los Presupuestos Generales del Estado.

Desde 2013, el complemento a mínimos de las pensiones contributivas y las no contributivas se pagan íntegramente con cargo a los impuestos generales (IVA, IRPF, Sociedades e Impuestos Especiales) y no a las cotizaciones de la Seguridad Social.

Las condiciones de las mínimas

Las pensiones con complemento a mínimos tienen muy limitada la posibilidad de obtener otros ingresos. Superada una determinada cantidad, que en 2022 está fijada en 7.939 euros anuales por encima de la pensión para pensionistas sin cónyuge a cargo, el complemento a mínimos se va reduciendo en la misma proporción en que haya sido sobrepasada hasta desaparecer.

El complemento no es un derecho adquirido y es "absorbible con cualquier incremento futuro que puedan experimentar las percepciones de la persona interesada, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico que den lugar a la concurrencia de pensiones", explica el BOE.

El complemento tampoco puede superar la pensión de jubilación en la modalidad no contributiva, que en 2022 está fijada en 5.900 euros anuales. Es decir, si la pensión reconocida por el tiempo y las cuantías efectivamente cotizadas es tan baja que exigiría un complemento para alcanzar el mínimo superior a la no contributiva, se limita a la misma.

La evolución histórica de las pensiones mínimas tiene color político. El 6 de septiembre de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero acudía al encuentro sindical de la minería asturleonesa en Rodiezmo. No era el primer año que daba allí por inaugurado el curso político pero sí el que lo hacía por primera vez como presidente del Gobierno y aprovechó el encuentro para anunciar que los siguientes Presupuestos Generales del Estado incluirían una subida de las pensiones del 3% que, en el caso de las mínimas, sería el doble: el 6%. Desde ese día y hasta que llegaron los recortes de la crisis y el ”me cueste lo que me cueste” de 2010, Zapatero anunció cada año en Rodiezmo una subida de las pensiones mínimas muy por encima del resto.

Tras la reforma de las pensiones del Gobierno de Rajoy, el factor de revalorización dejó la subida anual, incluida la de las mínimas, en el 0,25%. La necesidad de contar con el apoyo del PNV para los presupuestos de 2018 forzó al Ejecutivo del PP a suspender esta norma de revalorización y elevar las pensiones un 1,6% en general y un 3% las mínimas. Estas subidas se mantuvieron con las sucesivas pruebas de los presupuestos de Cristóbal Montoro, las últimas del PP, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa.

El cambio en la revalorización actual de las pensiones, además de la citada aplicación del IPC, es que no se toma el IPC de noviembre con respecto al mismo mes del año anterior, como ocurría antes de la reforma de Rajoy. Ahora es el IPC medio anual. De haberlo hecho como antes, el Gobierno se habría llevado un primer susto con la revalorización de 2022, ya que el IPC de noviembre de 2021 se situó en el 5,5%, afectado ya por la escalada del precio de la luz, frente al 2,5% de subida media del año que fue la que se aplicó a las pensiones en general.