No eran nuevas, pero sí marcaron un punto de inflexión. Las políticas de la UE para que los países vecinos blinden sus fronteras se remontaban a varios años atrás, pero en 2015, tras la llamada “crisis de los refugiados”, se aceleraron los acuerdos para que terceros países frenasen a los migrantes en su camino. Europa los convirtió en sus guardias fronterizos. Les repartió la llaves que cierran las puertas de sus fronteras. Lejos de sus costas y los flashes de los medios de comunicación, las consecuencias pasan casi desapercibidas para la ciudadanía europea.
Una fecha fue clave en el impulso de esta batería de medidas: noviembre de 2015, cumbre de La Valeta entre países europeos y africanos. A un lado Alemania, Francia, España, Grecia, Italia o Hungría. Al otro, Argelia, Eritrea, Libia, Mauritania, Marruecos, Níger o Senegal. En total, más de 60 países. “Hemos de recuperar el control de nuestra frontera exterior como medida primera y primordial: como condición indispensable para una política europea de migración”, declaró durante la cumbre Donald Tusk.
En el encuentro se sellaron nuevos instrumentos como el Fondo Fiduciario de Emergencia para África (EUTF), mediante el cual la UE y algunos Estados miembros dedican millones de euros a proyectos que, en la práctica, controlan la llegada de migrantes a territorio europeo.
"Este fondo, creado en un tiempo récord, pone de manifiesto una vez más el compromiso de la UE para una rápida respuesta a los grandes retos a que nos enfrentamos en la región", señaló entonces el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Organizaciones como Amnistía Internacional cuestionan que este tipo de pactos no sean transparentes ni incluyan cláusulas de protección de derechos humanos, así como mecanismos de vigilancia de su aplicación.
“Lo que hace que esta colaboración resulte muy problemática es que muchos de los Gobiernos que reciben dicho apoyo son de carácter marcadamente autoritario y, con frecuencia, esta se destina a los órganos de seguridad del Estado responsables de la represión y de los abusos contra los derechos humanos”, asegura el investigador Mark Akkerman en un informe publicado en 2018. “La UE emplea en todas sus políticas una hermosa retórica sobre la importancia de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, pero no tiene límites a su predisposición para aceptar regímenes dictatoriales siempre y cuando estos se comprometan a impedir que la ‘migración irregular’ llegue a las costas europeas”, prosigue.
Este mecanismo bebe sobre todo de instrumentos de la UE dedicados a la cooperación y a la ayuda humanitaria, especialmente del Fondo Europeo de Desarrollo. La sociedad civil trata de seguir de cerca el rastro de este dinero, pero denuncia la falta de control y supervisión por parte de las instituciones comunitarias. "No hay un sistema de control ni una evaluación de los proyectos financiados con el Fondo Fiduciario. Habría que comenzar a reflejar si hay resultados sobre cuáles son los problemas y cuáles son las alternativas. Sin embargo, no hay un monitoreo transparente", explicó Andrea Stocchiero, de la red de ONG europeas Concord, a eldiario.es.