las llaves de europa

Cada vez que Marruecos despliega sus agentes para alejar a un grupo de migrantes de la frontera española, la consigna es clara. Cada vez que arrasan una vivienda en mitad de la noche, los despojan de sus pertenencias en los montes o los meten en autobuses destino al sur con las manos esposadas, el objetivo es el mismo. “No los podemos dejar en el norte”, reconoce el responsable de fronteras del país vecino. A cambio, millones de euros extraídos de las cuentas de la Unión Europea. Los resultados son elogiados una y otra vez por dirigentes españoles, que ensalzan la “cooperación fronteriza” con Marruecos.

En nombre de esta “cooperación”, las fuerzas de seguridad irrumpieron de madrugada en casa de Alpha y su grupo de amigos, los esposaron, los metieron en un autocar durante todo un día con un sándwich y una botella de agua, y los abandonaron en el sur de Marruecos.

A Alpha le queda un año para la mayoría de edad. Su inquietud le empujó a cruzar gran parte de África, desde Guinea Conakry hasta llegar a las puertas de Europa, y ahora se siente “prisionero” en Marruecos. En los últimos meses ha recorrido de manera forzosa el país magrebí de norte a sur, desde Tánger a Tiznit, en tres ocasiones. La policía lo echa del norte, y él regresa de nuevo para “probar suerte” e intentar atravesar el Estrecho en cada oportunidad que se le presenta.

En el mismo barrio tangerino residía Aissa Barry desde 2015 hasta que una noche la policía, acompañada de las autoridades locales, la pusieron en la calle junto a sus cinco hijos. Poco importó que llevara residiendo en Marruecos nueve años, que tuviera papeles o que se ganara la vida en su restaurante de comida africana en Tánger, sin planes de migrar. En abril de 2018 sufrió una de las redadas con las que las fuerzas de seguridad marroquíes tratan de vaciar el norte del país. Las mismas que llevan produciéndose desde hace décadas en el norte de Marruecos, disparadas desde el verano de 2018.

—En este momento de acoso, ¿para qué sirven los papeles? —se pregunta Aissa.

Mientras se lamenta, esta mujer muestra la fotografía de la noche en que, por sorpresa, las fuerzas auxiliares irrumpieron por orden de las autoridades locales en su vivienda de Branes, un barrio alto y desfavorecido de Tánger donde se concentra gran parte de la población migrante. La imagen que enseña es un caos de maletas abiertas y tiradas por el suelo, ropa desperdigada y todos los enseres revueltos.

“¡Imagina! Nos desalojaron en plena noche a pesar de tener un contrato de alquiler de un año. Pagaba 4.500 dírhams (445 euros) mensuales y me vi en la calle. Me quitaron hasta el teléfono, que era un iPhone”, reprocha Aissa. Aquella madrugada, se quedó sin hogar después de tres años en el mismo domicilio y con sus niños pequeños a la intemperie.

La inyección a Marruecos

La última contribución económica europea para que Marruecos evite las llegadas a España está dividida en dos partidas. Una es de 70 millones de ayuda presupuestaria, de la que Marruecos ya ha recibido 30 millones, percibirá el resto mensualmente antes de final de año. La otra mitad se reparte en dos subgrupos de concesión y entrega de material, 30 millones de euros del organismo europeo que trabaja con la migración, y 40 millones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), según cifras aportadas por el director de Inmigración y Vigilancia de Fronteras del Ministerio del Interior marroquí, Khalid Zerouali. El dato oficial proporcionado por el Gobierno español es la dotación de equipamiento de vigilancia valorado en 40 millones de euros a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), institución pública dedicada a la cooperación internacional, tras un acuerdo con la Comisión Europea.

En pleno Ramadán, mes sagrado musulmán, Zerouali aceptó acercarse un mediodía hasta el Ministerio de Interior, donde disfruta de un amplio despacho presidido por la fotografía del rey Mohamed VI. Abandonó su mesa de escritorio por un rato y contestó a las cuestiones de eldiario.es sobre la política migratoria del país y las relaciones con España y la UE. “Europa comprende de manera práctica el rol y el trabajo de Marruecos, reconocido por estructuras como Frontex o la Comisión Europea”, explica.

Marruecos pretende trabajar con España y Europa en “programas duraderos porque los 140 millones no van a arreglar el problema”, advierte Zerouali. “Aunque son bienvenidos”, insiste el responsable de Inmigración marroquí. Los dispositivos de control del norte del país, desde la frontera de Oujda hasta la localidad de Kenitra, cuestan como mínimo 200 millones al año, según cifras del departamento de Interior marroquí.

Los fondos liberados por Bruselas para el control fronterizo en Marruecos empiezan a materializarse en la compra de centenares de vehículos, drones, escáneres, lectores de huellas dactilares o radares. El Gobierno español autorizó a principios de julio de 2019 la adquisición de 384 todoterrenos y camiones por 26 millones de euros a cargo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Se suman a las licitaciones publicadas por el International Center for Migration Policy Development (ICMPD), que ha sacado a concurso la compra de 192 vehículos, incluyendo 26 minibuses para transporte de migrantes en situación irregular, así como 15 drones y material forense y tecnológico. En agosto, el Ejecutivo de Sánchez dio su visto bueno a conceder al país vecino otros 32,3 millones de euros para “contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes en actividades de lucha contra la inmigración irregular”.

La “cooperación” con Marruecos en materia migratoria viene de años atrás, ya se considera una relación bilateral histórica por la situación geográfica de ambos países que unen a Europa con África. El pago de fondos europeos o españoles a Marruecos con el objetivo de frenar la inmigración no es nuevo. De 2004 a 2014, las autoridades marroquíes interrumpieron una media del 93% de las llegadas a las costas españolas, “prácticamente todas”, según los datos aportados por Zerouali de Interior. En 2018, año en que aumentó el número de intentos, el país vecino interceptó a 90.000 migrantes que pretendían alcanzar suelo español y desmanteló 230 redes de trata de personas.

En la primera parte de este año, el país magrebí evitó 40.000 llegadas. Desde el Ministerio español de Interior insisten en que “la colaboración con Marruecos se ha materializado en los últimos meses en diversas operaciones conjuntas que se han saldado con la desarticulación de varias de las organizaciones que se dedican a traficar con personas”.

Los campamentos de los bosques, arrasados

En los bosques a las afueras de Tánger, apenas quedan personas. En la misma zona donde antes llegaban a acampar cientos de migrantes a la espera de intentar llegar a España, ahora son pocos grupos los que permanecen en este punto con el objetivo de atravesar El Estrecho. La mayoría de ellos han sido ya interceptados en el mar por Marruecos y devueltos al punto de partida. No tienen otro lugar adonde ir.

La Diócesis de Tánger acumula nueve años llevando a los bosques alimentos, medicinas y mantas para apoyar a los migrantes, pero ya no pueden hacerlo. Desde el pasado verano, el programa humanitario de la Iglesia se ha interrumpido porque en las calles, los semáforos y los rincones donde solían dormir los migrantes ya no los encuentran. Cuando suben a los bosques, los que quedan ya no salen a la carretera. Tienen miedo.

Javier Fergó

“Desde hace casi un año es imposible porque los tres puntos que teníamos acordados con ellos han desaparecido. Estamos intentando saber dónde están escondidos para llevarles la comida”, asegura Inmaculada Gala, la delegada diocesana de migraciones en una entrevista con eldiario.es en la catedral de Tánger. Su patio refugia a medio centenar de jóvenes desde que comenzaron los controles intensivos.

En el bosque de Boukhalef, a los pies del cementerio, es posible encontrar algunas de las razones. “Ya no voy a Cáritas porque la policía aprovecha para detenernos”, admite un joven migrante. En este barrio tangerino piden limosna en el mercado español un día a la semana, y cada mañana se ven obligados a salir de sus escondites porque “a las 10 ya empieza a rondar la policía”.

La mayoría sobrevivían en el “edificio de los negros”, como ellos mismos lo llaman, una vivienda grande y encalada donde llegaron a juntarse hasta 200 personas. “La policía comenzó a molestar hace seis o siete meses. Al final puso a todo el mundo fuera, en los bosques; incluso a las madres y a los niños”, explica General, seudónimo de un migrante de Camerún.

Los nuevos vecinos de este edificio, de tres pisos y cuarenta habitaciones, son jóvenes marroquíes recién aterrizados en Tánger desde otras ciudades para buscar empleo. Pagan por un cubículo no amueblado y sin apenas luz el mismo precio que los africanos siete meses antes, 600 dírhams (55 euros). Lo cuenta Khalifa, de 24 años, que comparte esos nueve metros cuadrados con otras tres personas desde hace un mes.

En el monte situado a las afueras del barrio popular de Branes, Alpha camina a duras penas con un palo en la boca y sombrero de ala ancha. “En España podría ser modelo, decorador y hasta mecánico”, reflexiona el adolescente en el lugar donde se esconde desde la última redada. Cojea de una pierna y tiene heridas en el cuerpo. No le queda nada después de que la Marina Real marroquí le impidiera salir a España junto a otros 30 compatriotas en una lancha hinchable. “Nos pincharon la balsa, después vinieron los ‘clochard’ -menores marroquíes de la calle- y nos robaron todo”, detalla a eldiario.es.

Las notas informativas y los comunicados de prensa en Marruecos inciden en la palabra “rescate” cuando las autoridades localizan embarcaciones precarias en las aguas fronterizas con España. Alpha insiste en que no es así. “Los guardacostas de la Marina Real nos detienen, nos confiscan el material, nos pinchan las lanchas de plástico”, afirma el joven de 17 años.

El menor intentó llegar a España en varias ocasiones, pero las autoridades marroquíes devolvieron su embarcación. “Nos están masacrando. La policía nos cansa. Nos coge y nos echa. También nos roba. Es la novena vez que cambiamos de sitio”, dice poco después de salir a buscar algo de comer. No tienen nada para alimentarse.

“Pagamos a la Gendarmería para que nos dejase pasar. Después, cuando estábamos en el borde del mar, vinieron a robarnos todo porque conocían dónde estábamos. Hacemos un llamamiento a toda África y a Europa para que nos ayuden. Salimos de nuestros países porque de donde venimos no hay nada, ni trabajo ni siquiera para comer”, explica Aicha (nombre ficticio), de 32 años, procedente de Costa de Marfil. Fue detenida en el mismo bote que Alpha. Es la tercera vez que intentaba atravesar El Estrecho y también está herida. Enseña dónde dormía con su marido, que ya fue deportado.

Abandonados en el sur de Marruecos

Tiznit es una localidad cercana a la costa sur, cerca del desierto, donde la Gendarmería abandona a los migrantes que detienen en el norte. En el centro de la ciudad, en una glorieta llena de cruces y coronada por hoteles en cada esquina, sobreviven decenas de personas bajo el techo de los soportales de un local abandonado.

Alpha asegura haber pasado ya tres veces por Tiznit. “El viernes es el día que comemos porque nos dan cuscús, y otros te ayudan con dinero para volver. Si no, tienes que llamar a la familia y pedir que te envíen 50 o 100 euros para regresar a Tánger. Así vivimos”, explica el adolescente guineano.

En esta localidad no hay trabajo. Desde el Ramadán, la población sale a manifestarse en contra del envío de las personas migrantes a este punto de Marruecos. Un diputado local, el alcalde y dos asociaciones regionales protestaron ante el gobernador y enviaron una carta al Ministerio de Interior para saber por qué los llevan allí, reconociendo las condiciones difíciles de estas redadas y expulsiones.

Después de las quejas, las autoridades han ampliado los destinos de los expulsiones hacia la montaña y otras localidades situadas también en la zona sur, como Ouarzazate o Beni Mellal, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). El 26 de junio, las fuerzas de seguridad de Nador trasladaron a 215 migrantes a Azilal, en el alto Atlas, según documentó la AMDH. Esta organización viene denunciando desde hace varios meses “las detenciones abusivas al servicio de las políticas migratorias europeas”.

Los migrantes que logran regresar al norte, cerca de la frontera, tratan de esconderse de los operativos policiales que los expulsan de nuevo sur. Encontrar a mujeres en los semáforos intentando conseguir limosna con sus hijos a hombros no es tan frecuente como antes. Tienen miedo y ya no se dejan ver por las calles.

Zerouali, responsable marroquí de Inmigración, da su explicación a este temor: “Las personas interceptadas saben que tienen prohibido permanecer en el norte”. Muestra una carpeta amarilla con la ley 02-03 que “da derecho a la Administración marroquí a imponer las zonas a las personas que están en situación irregular. Y no los podemos dejar en el norte en manos de los criminales de las mafias”. El director de Inmigración y Vigilancia de Fronteras asegura que “Tánger, Tetuán y Nador están prohibidas pero les damos la oportunidad de venir a Casablanca, Marrakech, Agadir o Tiznit, que no es el desierto”.

En esa restricción entran en juego también los visados que permiten acceder de forma regular al país. Marruecos está revisando la manera de entrar con documentos emitidos por varios países con el objetivo, dice, de “limitar toda acción de redes de tráfico de personas que pueden aprovecharse de esa facilidad”, relata Zerouali.

En el norte, las redadas. En el sur, las expulsiones. Y vuelta a empezar. A lo largo de este año de traslados forzosos para cumplir con los compromisos con la UE, en toda la ruta que va desde Tánger a Tiznit, han ido brotando asentamientos de migrantes alrededor de las estaciones de autobuses.

“Los gendarmes van dejando a las personas que les pagan unos dírhams antes de llegar a la localidad sureña”, explican los migrantes. Quienes suben de vuelta al norte por sí mismos en ocasiones no tienen dinero suficiente para costearse toda la ruta y van realizando escalas hasta llegar a Casablanca o Rabat. Para regresar al norte evitando los controles policiales, alquilan los llamados “taxi-mafia” a unos precios desorbitados de hasta 50 euros.

“Varios de los migrantes que detuvieron en las redadas de las casas de Tetuán están en Casablanca, y han conseguido que desistan en su empeño de volver al norte. Resulta casi imposible”, informa la comunidad intercongregacional. El asentamiento de la estación de Ouled Ziane era el más grande en Marruecos, con más de un millar de personas. Antes del incendio del 30 de junio que lo destruyó por completo, habían cambiado las tiendas de campaña de plástico por casas de madera con mantas a modo de puertas y ventanas.

Pamodou Manneh tiene 30 años, es de Gambia y llegó hace seis meses a Casablanca desde la frontera de Oujda con la idea de pasar a España y jugar al fútbol. Dentro de una de las casas que le pasó otro compatriota se queja en inglés de las difíciles condiciones laborales. “Si los trabajadores marroquíes tienen un sueldo de 150 dírhams (14 euros) a nosotros nos dan 80 dírhams (7 euros), con los que pagamos la casa, la comida, el jabón para lavar y el resto para conectarnos a internet y hablar con la familia”, lamenta. Lo mismo sostiene el maliense Cámara, presidente del campamento: “Si la gente pudiera estudiar y trabajar, nadie se iría”.

Más difícil es sobrevivir en Rabat. Y aquí aparece Alpha de nuevo. Habían pasado solo un par de semanas desde la última vez que eldiario.es se encontró con él. Llegó a la ciudad para descansar. En Tánger, cuenta, “las cosas están imposibles”. El muchacho se recupera de las heridas, pero ha adelgazado. Tiene mala cara. Hace dos meses, los 40 jóvenes migrantes de diferentes nacionalidades que resisten en el campamento de la capital marroquí tuvieron que trasladarlo para esconderse de las redadas. Ahora se colocan en un lugar más oculto donde hay que saltar para entrar, “porque cada día viene la policía y, si nos atrapa, se lleva a la gente”.

Aumentar las deportaciones

La política migratoria marroquí incluye una nueva práctica: la deportación de los migrantes a su país de origen. Las primeras devoluciones se produjeron en el mes de septiembre de 2018 a Costa de Marfil, con la conformidad de las embajadas de los países africanos en Rabat que han firmado acuerdos con Marruecos. Zerouali las justifica: “Nuestra estrategia es el retorno voluntario. El objetivo es doble, ayudar a nuestros hermanos a volver a su casa desde el respeto a la dignidad con un proyecto de vida en sus países, es decir, permitir un retorno voluntario duradero; y comunicar allí que no es fácil llegar a Europa, que no hay El Dorado y que la realidad es otra”.

“Muchos camaradas vuelven a sus países porque aquí no hay trabajo, y en el norte las fronteras están cerradas, no hay forma de pasar a Europa”, explica Cámara. Pero hay otros que han sido devueltos forzosamente. Es el caso de Beiroum, que tiene 17 años. Habla con eldiario.es a través de una videoconferencia desde Camerún. Fue deportado a principios de 2019 desde Marruecos, donde pasó un año y cinco meses. Vivía en un apartamento en Boukhalef y lo detuvieron de camino al mercado a finales del mes de noviembre. En la prisión eran al menos 40 subsaharianos de diferentes nacionalidades, según su testimonio.

Beiroum no se rinde. Se plantea volver en unos meses. “Pero para llegar a Europa, porque en Marruecos no había trabajo para los hombres”, aclara. En Camerún tampoco está contento: “No puedo volver a la escuela”.

Tras el cierre de las fronteras para evitar el paso hacia Europa, las autoridades marroquíes tampoco quieren a los migrantes subsaharianos en el país. La estrategia es demostrar que la entrada hacia España es imposible. Impulsar a que se busquen otras rutas alternativas. “Cuando la frontera no está controlada hay un factor llamada y vienen más migrantes. Sin embargo, cuando las redes comprendan que las fronteras son herméticas y que no van a pasar, no vendrán a buscar en Marruecos, van a buscar fuera”, constata Zerouali.

Desde el departamento marroquí de Interior consideran que se trata de “dispositivos vivos, y hay que adaptarlos y mejorarlos”. Sobre la retirada de las concertinas, que aún no ha ejecutado el Gobierno español, Zerouali asegura respetar su decisión al mismo tiempo que defiende la incorporación de cuchillas en el lado marroquí: “Nosotros somos un Estado responsable y no podemos dejar a los traficantes, a los criminales, que se aprovechen de la vulnerabilidad de los migrantes”. Durante su primera visita oficial a Rabat, el ministro Fernando Grande-Marlaska garantizó que las concertinas se iban a retirar de las alambradas españolas en coordinación con las autoridades marroquíes. "Es una cuestión de fronteras y las fronteras son entre dos países", destacó el titular de Interior.

A pesar de que el Ejecutivo insiste en defender “la cooperación” fronteriza con Marruecos, se desentiende de la alambrada que ha levantado el país vecino frente a la valla de Ceuta. La considera una "infraestructura" de otro país, a pesar de que su función es la de contener el flujo migratorio en la frontera española.

El engranaje del control fronterizo desplegado en territorio marroquí en verano de 2018 se completó con una última pieza. El 23 de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez activaba por primera vez su política para aquellos que lograran sortear los controles marroquíes y saltar las vallas: las devoluciones exprés. Las "buenas relaciones" gestadas entre ambos países fueron las que, según defendió el Ejecutivo, permitieron que Marruecos aceptara algo hasta entonces inusual, la aplicación del acuerdo bilateral de 1992. España lo utilizó para expulsar en cerca de 24 horas a 116 personas que habían atravesado la alambrada ceutí el 22 de agosto. A día de hoy, todavía no se sabe con certeza qué ha pasado con estas personas expulsadas una vez de vuelta en el país vecino.

Tras el salto, las autoridades españolas los detuvieron y les abrieron un expediente de devolución. Pero el destino final, esta vez, fue diferente. A la mañana siguiente, la Policía y la Guardia civil comenzaron a entregarlos por pequeños grupos a los agentes marroquíes. El Gobierno se aferró a que los migrantes recibieron asistencia letrada durante el proceso de expulsión. Sin embargo, los abogados de oficio denunciaron que no sabían que sus defendidos iban a ser devueltos al país vecino escasas horas después. Entre ellos estaba Ibrahim Diallo. Con tan solo 15 años, logró saltar la alambrada ceutí. Fue devuelto pese a ser menor porque, al igual que la mayoría de los que consiguen llegar, no dijo su edad real para no acabar atrapado en la ciudad autónoma, como publicó eldiario.es. Las instituciones españolas no comprobaron si entre las personas devueltas había alguno que no superase los 18 años.

El operativo a contrarreloj, insólito debido a la negativa constante de las autoridades marroquíes a aplicar el acuerdo, despertó las alarmas de las organizaciones en defensa de los migrantes. Rabat se había opuesto en repetidas ocasiones a traer de vuelta a extranjeros de terceros países, argumentando que "no podía saber si esas personas habían entrado a España a través de Marruecos", condición recogida en el texto. Lo mismo defiende el director marroquí de Inmigración y Vigilancia de Fronteras. “No es un acuerdo fácil de interpretar porque está diseñado en otra época y no podemos repatriar a cualquier persona. La dificultad reside en cómo puedes demostrar que alguien viene de Marruecos”, asegura.

El Gobierno de Sánchez justificó el operativo de expulsión por la presunta “violencia” empleada en el salto, para mandar "un mensaje a las organizaciones criminales que trafican con personas". Pero dos meses después, volvía a repetirse con las 209 personas que lograron saltar la triple valla que separa Marruecos de Melilla. Una de ellas falleció tras pisar suelo español. Esta vez, las autoridades confirmaron que no hubo agresividad, pero el castigo fue idéntico: 55 migrantes fueron devueltos.

Una pregunta suena cada vez que estas personas regresan a territorio marroquí, inmerso en las redadas y expulsiones: ¿Dónde están? Un año después, las ONG locales y los abogados desconocen dónde se encuentra en este momento el centenar de personas de diferentes nacionalidades que protagonizaron el giro en la política migratoria del Gobierno del PSOE. Tras la devolución, estuvieron buscándolos durante días, tratando de contactar con sus familiares y conocidos, intentando clarificar su posible destino mientras brotaban todo tipo de rumores.

A los días, se supo que 18 fueron juzgados y condenados en el tribunal de primera instancia de Tetuán. Su abogado, Mohamed Alami, ignora el paradero de los presos porque dos meses después de la condena, “no había ninguna persona en prisión. Las deportaron a sus países de origen o los enviaron a otras localidades”, explica en un hotel tetuaní. En el tiempo que permanecieron encerrados, “no nos dejaron tener contacto con ellos, y tampoco quisieron avisarnos de la fecha y la hora de salida. Llegaron a decirnos que es posible que los expulsaran directamente a sus países”, afirman desde la ONG Manos Solidarias.

Al igual que alegaron varios expertos en su momento, Alami considera que “existen puntos negros entre el acuerdo de 1992 y la convención internacional”, y considera que “es verdaderamente necesario suprimirlo porque habría que conocer los problemas reales de los países de origen y definitivamente esa gente no tiene poder de elección”.

En su viaje a Rabat, Consuelo Rumí, secretaria de Migraciones, consideró la expulsión y desaparición de este centenar de personas “un caso cerrado”. También mostró indiferencia por el paradero de los migrantes. “Se cumplió con un acuerdo que había y por lo tanto desde ese momento pertenece a la política interna de Marruecos”, sentenció ante la prensa.

Los férreos controles se han traducido en menos llegadas a las costas españolas, pero centenares de personas continúan intentando emprender la ruta marítima. En el último año y medio, las aguas que separan Marruecos de España se han cobrado 1.020 víctimas, de las que 816 están desaparecidas, según cifras recopiladas por Caminando Fronteras.

El endurecimiento de la política migratoria en el último año ha despertado un aluvión de críticas de organizaciones internacionales y locales de derechos humanos, que cuestionan cómo Europa “cierra los ojos” ante los abusos que documentan. Para España, las relaciones con el país vecino van viento en popa. Rumí niega las vulneraciones de derechos denunciadas y defiende que el Gobierno “seguirá reforzando la cooperación bilateral en materia migratoria, y gestionará de forma conjunta las migraciones desde una perspectiva de solidaridad y responsabilidad”.

Aissa es testigo directo de los abusos hacia los que evita dirigir la mirada el Gobierno español. Las redadas de Marruecos la empujaron a meter a sus cinco hijos en una patera, cuenta al borde de las lágrimas. Ella se quería quedar, ella tenía la tarjeta de residencia pero su desesperación era tan grande en el que acabó bosque tras su desalojo que decidió enviar a España a sus niños, de entre siete y 14 años.

Residía en una casa humilde alquilada a un marroquí, sin revestimientos ni muebles. Pagando un importe muy por encima de la media de los precios de esa zona humilde de Branes. “La cantidad de un piso en el centro de la ciudad, en este sitio”, se queja.