las llaves de europa

No eran nuevas, pero sí marcaron un punto de inflexión. Las políticas de la UE para que los países vecinos blinden sus fronteras se remontaban a varios años atrás, pero en 2015, tras la llamada “crisis de los refugiados”, se aceleraron los acuerdos para que terceros países frenasen a los migrantes en su camino. Europa los convirtió en sus guardias fronterizos. Les repartió la llaves que cierran las puertas de sus fronteras. Lejos de sus costas y los flashes de los medios de comunicación, las consecuencias pasan casi desapercibidas para la ciudadanía europea.

Una fecha fue clave en el impulso de esta batería de medidas: noviembre de 2015, cumbre de La Valeta entre países europeos y africanos. A un lado Alemania, Francia, España, Grecia, Italia o Hungría. Al otro, Argelia, Eritrea, Libia, Mauritania, Marruecos, Níger o Senegal. En total, más de 60 países. “Hemos de recuperar el control de nuestra frontera exterior como medida primera y primordial: como condición indispensable para una política europea de migración”, declaró durante la cumbre Donald Tusk.

En el encuentro se sellaron nuevos instrumentos como el Fondo Fiduciario de Emergencia para África (EUTF), mediante el cual la UE y algunos Estados miembros dedican millones de euros a proyectos que, en la práctica, controlan la llegada de migrantes a territorio europeo.

"Este fondo, creado en un tiempo récord, pone de manifiesto una vez más el compromiso de la UE para una rápida respuesta a los grandes retos a que nos enfrentamos en la región", señaló entonces el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Organizaciones como Amnistía Internacional cuestionan que este tipo de pactos no sean transparentes ni incluyan cláusulas de protección de derechos humanos, así como mecanismos de vigilancia de su aplicación.

“Lo que hace que esta colaboración resulte muy problemática es que muchos de los Gobiernos que reciben dicho apoyo son de carácter marcadamente autoritario y, con frecuencia, esta se destina a los órganos de seguridad del Estado responsables de la represión y de los abusos contra los derechos humanos”, asegura el investigador Mark Akkerman en un informe publicado en 2018. “La UE emplea en todas sus políticas una hermosa retórica sobre la importancia de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, pero no tiene límites a su predisposición para aceptar regímenes dictatoriales siempre y cuando estos se comprometan a impedir que la ‘migración irregular’ llegue a las costas europeas”, prosigue.

Este mecanismo bebe sobre todo de instrumentos de la UE dedicados a la cooperación y a la ayuda humanitaria, especialmente del Fondo Europeo de Desarrollo. La sociedad civil trata de seguir de cerca el rastro de este dinero, pero denuncia la falta de control y supervisión por parte de las instituciones comunitarias. "No hay un sistema de control ni una evaluación de los proyectos financiados con el Fondo Fiduciario. Habría que comenzar a reflejar si hay resultados sobre cuáles son los problemas y cuáles son las alternativas. Sin embargo, no hay un monitoreo transparente", explicó Andrea Stocchiero, de la red de ONG europeas Concord, a eldiario.es.

En la otra orilla, miles de personas permanecen atrapadas en las islas griegas. Los llamados hotspots se crearon hace tres años en el país heleno, también en Italia, para dar respuesta al aumento de los flujos, identificar a los recién llegados y organizar los trámites de las solicitudes de asilo.

El modelo ha acumulado una lluvia de críticas en los últimos años de quienes denuncian que se han convertido, de facto, en centros de detención durante meses para refugiados y migrantes mientras los países europeos incumplían sus compromisos de acogida. En septiembre de 2017 se constataba el fracaso de las cuotas de reubicación ideadas por los países miembros para 160.000 personas mientras los solicitantes de asilo seguían llegando y quedándose bloqueados en las islas griegas.

La Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) de la UE ha llamado la atención este año sobre “las graves violaciones” de derechos humanos en los hotspots como consecuencia del acuerdo aprobado hace tres años. La FRA constata, entre estas violaciones, que hay niños desatendidos y migrantes en situación de detención que siguen sin resolverse. "Las condiciones de recepción permanecen por debajo de los mínimos exigibles en un país, Grecia que, después de España, sigue siendo el Estado miembro que recibe a la mayoría de los recién llegados por mar". Su denuncia se suma a la de numerosas organizaciones sociales.

La Comisión Europea reconoce que "si bien la Declaración UE-Turquía ha seguido traduciéndose en una gran reducción de las llegadas a las islas griegas, siguen sin resolverse problemas fundamentales en Grecia por lo que respecta a los retornos, el tratamiento de las solicitudes de asilo y el alojamiento adecuado”. Y pasa la pelota a las autoridades griegas: “Para mejorar la gestión de la migración, Grecia debe establecer rápidamente una estrategia nacional eficaz con flujos operativos".

De Turquía a Libia, un paso más

Luego está Libia, puerto no seguro para desembarcar a los náufragos rescatados en el mar, pero partícipe del control migratorio desplegado por la UE más allá de sus fronteras. El cierre de la ruta del Egeo en 2016 convirtió al Mediterráneo central en el principal camino para llegar de forma irregular a Europa. En febrero de 2017, de nuevo en La Valeta, los Estados miembros aprobaban una serie de medidas destinadas a contener las llegadas por esta ruta con Italia a la cabeza, que firmó un acuerdo con Libia. “Es otro importante signo alentador de que la situación está a punto de mejorar”, sostuvo Tusk. La agencia estadounidense Associated Press publicó que aquel pacto consistió, en la práctica, en tratar con dos potentes milicias libias implicadas en el tráfico de personas, algo que el Ministerio de Exteriores italiano negó.

Ettore Ferrari/ANSA/AP

Entre sus prioridades, los líderes europeos reunidos en La Valeta se marcaron la de formar, equipar y apoyar a la llamada guardia costera libia. En 2016, ya lo habían consagrado como tarea de la Operación Sofía, dispositivo militar en el Mediterráneo recientemente prorrogado… pero sin barcos. Sin embargo, los Estados miembros han mantenido el entrenamiento a los cuestionados guardacostas. Según datos del Consejo Europeo, han participado en este programa 400 agentes. La UE ha desembolsado un total de 46,3 millones de euros, con cargo al fondo fiduciario, para reforzar a los agentes del país vecino.

Sin embargo, este apoyo ha sido muy criticado por numerosas organizaciones y expertos que denuncian que se trata de milicias responsables de la vulneración sistemática de derechos humanos. "Los Estados miembros, con la Operación Sofía, buscan devolver a estas personas a un país del que huyen. En Libia los torturan, las violan, los ajustician de forma sumaria", ha afirmado Paula Farias, de Médicos Sin Fronteras, en eldiario.es.

Desde la firma del acuerdo, las autoridades libias han incrementado sus operaciones en el Mediterráneo a medida que Italia, encargada durante años de las labores de rescate, ha ido cediéndoles la coordinación de estas operaciones. Desde 2017, 38.000 migrantes han sido devueltos y detenidos en un país en el que, según la ONU, enfrentan “horrores inimaginables”. Este septiembre, un migrante interceptado en el mar murió tras resultar herido de bala cuando se resistía a ser encerrado en un centro de detención. Otros 53 fallecieron en julio durante un ataque a un centro de detención. Mientras tanto, las ONG de rescate han tratado de continuar a duras penas con sus misiones de salvamento en el mar, sorteando trabas administrativas y el cierre de puertos italianos impuesto por el ya exministro Matteo Salvini.

La propia Comisión Europea ha asumido como tarea pendiente la "mejora de las penosas condiciones en Libia; seguir contribuyendo a liberar a los migrantes de los centros de internamiento, facilitar el retorno voluntario (37.000 retornos hasta ahora) y evacuar a las personas más vulnerables (casi 2.500 evacuados)". Bruselas, asimismo, ha pedido "garantizar un acceso sin cortapisas a las organizaciones humanitarias, en cooperación con Acnur y la OIM, apoyar proyectos prioritarios dedicados a la asistencia en el momento del desembarco y al registro y trazabilidad de las personas desembarcadas".

La futura presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconocía en su discurso de investidura en Estrasburgo que el Mediterráneo “se ha convertido en una de las fronteras más mortíferas del mundo”. “La Unión Europea necesita fronteras humanas. Tenemos que salvar vidas, pero eso no es suficiente. Debemos reducir la migración irregular, luchar contra los traficantes y preservar el derecho al asilo y mejorar la situación de los refugiados, por ejemplo, a través de corredores humanitarios en cooperación con Acnur”, aseguró.

Una pieza fundamental, dijo, será reforzar la Agencia de Fronteras de la UE, enviando 10.000 guardias de Frontex con el objetivo de “proteger las fronteras exteriores” de la Unión. Von der Leyen asegura que pretende adelantar el horizonte previsto para este despliegue de 2027 a 2024. Se tratará de un cuerpo permanente con un mandato más fuerte sobre los retornos y que “cooperará más estrechamente” con los países no pertenecientes a la UE. Es decir, tendrá capacidad para intervenir en terceros Estados: "Previa aprobación del acuerdo del país en cuestión, podrá lanzar operaciones conjuntas y desplegar personal fuera de la UE, más allá de los países vecinos de la UE, para la gestión de fronteras y migración".

Marruecos, el alumno aventajado

A medida que la Unión Europea e Italia alcanzaban un pacto con Libia y aumentaban su apoyo a la supuesta guardia costera, las cifras de personas embarcadas en el Mediterráneo Central descendían: si en 2017, 119.369 personas alcanzaron las costas italianas, en 2018 lo hicieron 23.370 migrantes. “Lo que dicen los datos y los hechos, aunque algunos quieran mentir, es que no estamos en una crisis como la de 2015, sino que estamos en los niveles más bajos de llegadas de migrantes desde entonces", sostuvo el comisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos.

Mientras, a lo largo del año pasado, la tendencia al alza que venía produciéndose en España se mantuvo hasta superar el máximo histórico de 2006: 58.569 llegadas en patera. El número total fue un 131% más alto que en 2017. El Mediterráneo occidental se posicionó durante unos meses como el principal punto de entrada a Europa. El propio Avramopoulos negó que España estuviera atravesando una crisis migratoria y apuntó que la situación era manejable.

Sin embargo, la preocupación aumentó en Bruselas y los ojos volvieron a fijarse una vez más en Marruecos, con el que España ya había experimentado, años atrás, la política de dejar que un país externo a la UE se encargara de gestionar la llegada de migrantes a cambio de beneficios y apoyo político.

En pleno verano de 2018 se aceleraron las reuniones del Gobierno español con las autoridades marroquíes, centradas en "mejorar" las relaciones, reforzar su papel como garante del control de fronteras y ejercer, en palabras de Grande-Marlaska, de "abogado de las peticiones marroquíes" en Europa.

Entonces, llegaron las promesas de mayores fondos desde la UE. En total, 140 millones de euros. El anuncio tuvo un efecto inmediato: en agosto, las autoridades marroquíes daban la orden de desalojar las casas y los bosques de migrantes para alejarlos de la frontera con redadas, detenciones y traslados forzosos al sur. Bruselas defendía en marzo que “debe intensificarse aún más el apoyo a Marruecos, ya que se ha producido un gran aumento de las llegadas por la ruta del Mediterráneo occidental”.

“Se debe continuar ejecutando el programa por un importe de 140 millones de euros destinado a apoyar la gestión de las fronteras y han de reanudarse las negociaciones sobre la readmisión y la facilitación de visados con Marruecos”, indicó la Comisión. Estas partidas económicas, que el Gobierno español ha contribuido a desbloquear, empiezan a fluir después de que se hayan firmado polémicos acuerdos comerciales con Rabat que desafían el derecho internacional al incluir al Sáhara Occidental. Con el dinero se adquirirán más de 750 vehículos, drones y equipos para el control de fronteras.

"La nueva asistencia entregada a Marruecos por la UE y España debe dirigirse a reducir las llegadas irregulares de la costa marroquí”, reconoce Bruselas, que aboga también por “un mayor compromiso” por parte de terceros países para “aumentar la readmisión efectiva de migrantes como parte de un enfoque integral". España y Marruecos cuentan con un acuerdo bilateral sellado en 1992 por el que las autoridades alauíes se comprometen readmitir, tras la solicitud del Gobierno español, a nacionales de terceros países llegados por su territorio. Las "buenas relaciones" gestadas en los primeros meses de Ejecutivo de Pedro Sánchez son precisamente las que, según defendieron desde Moncloa, permitieron que Marruecos aceptara hace un año algo hasta entonces inusual: "reactivar" el convenio, que estuvo detrás de las polémicas expulsiones exprés tras los saltos a las vallas de Ceuta y Melilla.

Reformar el sistema de asilo, asignatura pendiente

La celeridad de las medidas puestas en marcha para delegar en otros países el control migratorio contrasta con la lentitud con la que se topan determinadas reformas como la del sistema de asilo, estancada desde hace años. “Propondré un nuevo pacto sobre migración y asilo, incluido el relanzamiento de la reforma de Dublín”, ha asegurado Von Leyen ante el Parlamento Europeo. Pero estos cambios solo pueden salir adelante donde siempre se bloquea la política sobre acogida de refugiados de la UE: en el Consejo Europeo, con la oposición de gobiernos como el húngaro, del ultranacionalista Viktor Orbán. Como consecuencia de la falta de consenso, el debate sobre la reforma migratoria ha quedado pospuesto de forma sistemática de una cumbre a otra.

Tras la crisis de refugiados de 2015, la Unión Europea comenzó a trabajar en una reforma de la normativa en materia de refugio. Se trata del Reglamento de Dublín, según el cual el Estado miembro responsable de la acogida de un solicitante de asilo es el primer país donde hayan quedado registradas sus huellas dactilares, lo que deja la responsabilidad sobre Italia, Grecia y España debido a su posición geográfica. Este sistema ha alimentado la idea de que estos países "están solos" ante la llegada de migrantes, en la que se han escudado políticos de extrema derecha como Matteo Salvini para defender sus férreas políticas migratorias.

Bruselas presentó en mayo de 2016 una propuesta para repartir de forma automática los migrantes demandantes de asilo que ha sido enterrada. La modificación presentada hace más de tres años planteaba complementar este reglamento con un mecanismo automático de reubicación que se activaría cuando ese país de entrada viera sobrepasada su capacidad de acogida. El número de refugiados que no pudiera asumir se repartiría entre los demás Estados miembros en función del PIB y de la población, y también el reasentamiento de refugiados desde países terceros.

Mohamed Ben Khalifa/AP

No obstante, desde entonces, no ha sido posible llegar a un acuerdo definitivo para poner el sistema en marcha, a pesar de las resoluciones a favor del Parlamento Europeo. Ahora Von Leyen se compromete a reactivar la reforma, pero no le será fácil: una vez más depende de los Gobiernos, como el italiano, que ha mantenido durante más de un año el cierre de puertos a los migrantes rescatados o el húngaro, obstinado en su negativa a acoger solicitantes de asilo. Mientras las ideas de "reforzar las fronteras exteriores" de la UE y "colaborar" con terceros para aumentar el control sobre los flujos migratorios cuentan con el respaldo de todos los líderes europeos, cuando se trata de crear un sistema de reparto más solidario, la falta de acuerdo es la norma.