España cuenta con 87.699 kilómetros de tuberías, entre gasoductos y redes de distribución, para llevar el gas natural hasta las casas de casi 1.800 municipios. Es especialmente llamativo el despliegue de medios realizado para construir esta tupida malla con la que gasificar el país. Paradójicamente, uno de los cambios contemplados con la transición energética para frenar el cambio climático es usar cada vez más la electricidad para calentar las casas, utilizando renovables.

¿Se ha realizado una inversión enorme en una tecnología que puede tener fecha de caducidad? Lo paradójico no es solo lo hecho hasta ahora, sino sobre todo que no haya dudas en seguir poniendo tuberías. El caso de Menorca llama la atención: Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) tiene adjudicada la construcción de 578 km de tubos para gasificar ahora la isla, un proyecto que incluye levantar tres tanques para almacenar el combustible, que llegaría por barco. “Si nos lo hubieran propuesto hace 20 años, pero ahora la gente piensa más en poner renovables”, comenta Miquel Camps, director de la organización ambiental Gob Menorca.

En las casas de esta isla suele haber butano, calderas de gasoil y también suministro eléctrico. “El gas tiene sentido para las industrias, pues es menos contaminante, pero para que sea significativo y que el sistema cambie hay que ponerlo en miles de casas y nosotros no vemos que haya demanda. Para un pequeño ahorro en emisiones respecto al sistema actual, significa poner 500 kilómetros de tubos. No tiene sentido económico, son mucho más interesantes las renovables”, matiza Camps.

El caso de Menorca muestra bien la paradoja del momento actual: España tiene el mejor sistema gasista de Europa, pero en los últimos años se ha avisado, incluso desde la Administración, de que está sobredimensionado, hay más de lo que se necesita. La demanda se frenó en 2008, con la crisis económica, y aún no se ha recuperado.

"La modernidad se vendió cambiando el butano por un tubo que no se ve, pero no tiene sentido llevar gas natural a todas las casas del país", incide Fernando Ferrando, ingeniero industrial y economista, presidente de la Fundación Renovables, una organización que trabaja desde años en acelerar el cambio de un modelo energético basado en quemar combustibles fósiles a otro 100% renovable.

España apenas tiene gas –el extraído en el país representó el 0,3% del consumo en 2018– pero dispone de un sistema gasista “de país de lujo, es un Ferrari del gas", como lo califica un analista y gran conocedor de esta industria que pide mantener el anonimato. España tiene el mayor número de regasificadoras de Europa, seis activas y una que nunca ha entrado en funcionamiento, puesta en hibernación por exceso de capacidad. Estas instalaciones representan el 42% de la capacidad de almacenamiento europeo de gas natural licuado. Además, ocupa el tercer puesto en centrales de gas de ciclo combinado para producir electricidad.

Mientras al resto de países europeos este combustible llega básicamente por gasoducto desde Rusia, aquí se han multiplicado las vías de entrada para garantizar el suministro exterior: entra a través de seis conexiones internacionales, dos con África por Tarifa y Almería, con los gasoductos de Magreb y Medgaz, dos con Portugal a través de Badajoz y Tuy y otros dos con Francia por Irún y Larrau. También llega por buques metaneros que tienen disponibles seis puertos. En total, 15 países suministran el gas que entra.

La cuestión es que este despliegue de infraestructuras gasistas se planeó esperando una demanda que no se ha cumplido. En los últimos años, esta ha ido en descenso. En 2018, el total de regasificadoras funcionaron al 22% de su capacidad. Este 2019, sin embargo, está siendo un buen año para el gas. La escasa aportación de hidroeléctrica por la falta de lluvias y el bajo precio del gas respecto al carbón, han hecho que se consuma más gas, sobre todo para generar electricidad. Y puede que la situación vaya incluso mejor para este combustible fósil. La pregunta es: si se quiere terminar con el CO₂, esta tecnología tendrá un límite. ¿Tiene sentido proyectar en el futuro el modelo energético de un Ferrari?

“El gas corre el riesgo de ser un activo varado, hoy no se necesitan tantas infraestructuras como las que se han construido, España es el mejor ejemplo. Pero lo mismo sucede en otros países europeos. En Bélgica, el nivel de utilización de las regasificadoras está en el 11,5%, existe sobrecapacidad. Y el problema es que estas compañías no pueden cambiar con rapidez, pues sus ingresos dependen de las infraestructuras construidas”, comenta desde Londres Pescoe Sabido, investigador en Corporate Europe Observatory, una organización dedicada a analizar el lobby en Europa de distintos sectores de actividad.

En España, esta es justamente la situación de Enagás. Los ingresos de esta compañía de actividad regulada (participada por el Estado en un 5%, el resto pertenece a inversores privados, la gran mayoría internacionales), dependen fundamentalmente del uso de sus activos (gasoductos, regasificadoras), de las amortizaciones que el Estado abona por ellos y por ser la gestora técnica del sistema. En este sentido, llama la atención que la retribución abonada por el Estado haya ido en continuo ascenso, a pesar de la menor demanda. En el presupuesto de retribución que propuso la CNMC para 2019, de los 2.952,9 millones de euros de costes reconocidos, es decir, por los que responde el Estado, 390,5 corresponden a la regasificación. De esos, 23,6 millones se van a destinar a mantener hibernada la regasificadora de El Musel (Gijón), una instalación que nunca se ha utilizado; y más de 100 millones pertenecen al déficit que arrastra el sistema desde 2014.

Es cierto que Enagás no solo está presente en España, invierte en infraestructuras fuera del país, pero aquí se trata de un negocio garantizado por el Estado, sin riesgo. Un detalle muy visible de esta contradicción es el sueldo de su presidente, Antonio Llardén, que dirige la compañía desde 2007. El año pasado ascendió a 1,89 millones de euros, un 5,7% más que en 2017, según publicó a principios de año la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV). “Desde luego, es paradójico que en una empresa con una actividad regulada y sin riesgos el presidente tenga un sueldo tan elevado”, comenta un analista. Sin embargo, al igual que Naturgy tuvo que reconocer el año pasado que sus centrales nucleares, de carbón y de gas valen la mitad por la pérdida de rentabilidad, ¿qué pasa con infraestructuras que tienen sobrecapacidad? “Devaluar activos es una tendencia que empieza a acentuarse en el sector de las energías fósiles”, contextualiza otro analista.

La mayoría de investigadores coincide en que el gas sirve en la transición energética, pues aporta una seguridad que las renovables aún no pueden garantizar cuando no hay sol o no sopla el viento. “Pero en realidad, la industria del gas está buscando nuevos mercados, por ejemplo para el transporte, pero esto no tiene sentido climático ni ambiental, es un enfoque erróneo para abordar el problema”, incide Pescoe desde Londres.

El gigante Kodak, que dominaba el mundo de la fotografía analógica, no vio venir la revolución digital y quebró al seguir invirtiendo en una tecnología obsoleta. En el sector de la energía, "lo que nadie se esperaba es que las renovables iban a crecer tan deprisa, y este es un elemento fundamental", explica Fernando Ferrando de la Fundación Renovables. En un mundo con más tecnologías limpias, esto significa que no haría tanta falta el gas para calentar las casas, tampoco para cocinar, ni ducharse, pues saldría mejor recurrir a la electricidad. "La pelea del gas es que, como tiene las infraestructuras ya construidas, ahora defiende seguir vendiendo gas", prosigue Ferrando.

Así se puede leer que Enagás y Naturgy estén siendo las dos compañías que más se quejan y amenacen, la primera con ir a los tribunales, la segunda dejando de invertir en infraestructuras, ante el primer recorte de este negocio que ha planteado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo se desmarcó el pasado julio con una propuesta para recortar la retribución a las redes de transporte y distribución de gas, que según varios cálculos supondría una reducción de entre el 30% y el 40% en la rentabilidad del negocio. La Fundación Renovables propone incluso ir más lejos, y que la actividad del transporte de gas se abone por el suministro, no por tener en propiedad las tuberías que lo conducen a través de todo el país.

Invertir más en infraestructuras gasistas no parece que tenga mucho sentido económico ni ambiental. La Comisión Europea acaba de quitar de su lista de Proyectos de Interés Común (PCI) –infraestructuras de interconexión de electricidad y gas consideradas estratégicas– una nueva interconexión con Portugal. Este listado, que se aprueba cada dos años (se espera uno nuevo en las próximas semanas) incluía además una nueva conexión con Francia llamada Midcat. Pero fue tumbada a principios de año por cara e innecesaria. Pescoe Sabido es contundente: “En vez de reducir paulatinamente la dependencia de energías fósiles e ir hacia una transición justa, el interés parece ser tener un mercado único del gas. El problema es que esto nos deja en una posición delicada, porque el mercado irá hacia el desempleo si no hay gas, como estamos viendo en la salida del carbón”.