Cuando alguno de los 7,8 millones de consumidores domésticos de gas que hay en el país (el 20% de la demanda total) enciende la calefacción, se ducha con agua caliente o friega los platos, está pagando por tener en stand-by una infraestructura que nunca se ha llegado a estrenar, como la regasificadora de El Musel (Gijón), o el déficit que el sistema arrastra desde 2014 por haber construido demasiado para usarlo muy poco. Pero también paga si no hace uso alguno del gas. En la factura, las compañías comercializadoras –las cinco primeras por volumen de ventas son Naturgy, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa Gas y Cepsa– suelen incluir en el término fijo lo que les cuesta el gas y el uso de las redes.

Pero no indican qué incluyen esos conceptos. Algunas, como la que mostramos aquí, sí especifican la palabra “peajes”, la cual resulta clave para entender que entre todos los consumidores se está sufragando inversiones sobredimensionadas; y que debido a esto España tiene uno de los precios más elevados del gas en Europa. Los peajes son lo que se paga por el sistema de gas, es decir, aquellas infraestructuras que, por un lado, reciben este combustible fósil por barco o gasoducto de hasta 15 países en 2018 (tres más que en 2017), pues en España apenas hay; otras donde se almacena, y otras que lo transportan hasta las casas, los comercios y las industrias.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que algo más del 40% de media de lo que los hogares pagan en la factura se destina a sufragar los costes del sistema; en el caso de las industrias, más intensivas en el uso de gas, esta cifra sube al 70% de media.

¿Qué hay en ese 40% de media que los consumidores de gas pagan por el sistema gasista?

Se cobran conceptos que poco tienen que ver con el suministro. Incluye aquellos costes que el Estado reconoce al sistema, y que por tanto, retribuye. Son propuestos cada año por la CNMC y entre ellos están las regasificadoras (Enagás), las redes de transporte (Enagás), las de distribución (Naturgy) o la de gestión técnica del sistema (Enagás). Pero además, incluyen:

• Hibernación de la regasificadora de El Musel (Gijón). Esta instalación nunca se ha puesto en marcha por exceso de infraestructuras de gas, pero se decidió hibernarla, algo así como dejarla en stand by, por si en algún momento se utiliza de nuevo. En una vuelta de tuerca de un caso que ha resultado rocambolesco, la propietaria y promotora, Enagás, está intentando legalizarla otra vez, pues fue declarada ilegal en 2003 al estar construida a menos de 2.000 metros de zonas habitadas. Mientras se decide qué hacer con ella, cada año se paga por su mantenimiento. Esto costará este año 23,6 millones de euros.


• Laudo de París. En 2010, la empresa argelina Sonatrach reclamó una revisión de los precios por el suministro a la entonces Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy). El Tribunal de Arbitraje de París falló a favor de la compañía de Argelia y se fijó en 1.897 millones de dólares la cantidad que Gas Natural Fenosa debería abonar, pero la compañía logró que la deuda se le atribuyera a la anterior empresa, Enagás. Esto ha significado trasladar la deuda a los consumidores, a razón de 33 millones de euros anuales desde 2015.


• Déficit del sistema gasista. Se remonta a 2014 y se debe a la sobrecapacidad de las infraestructuras. En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto (RD13/2012) por el que se ordenaba paralizar nuevas inversiones en infraestructuras por exceso de instalaciones que resultaban “muy caras”. En la misma norma se precisaba, además, que construir nuevas infraestructuras podría “poner en peligro la seguridad de suministro del sistema”, y se hacía referencia en concreto a las plantas de regasificación, pues estas necesitan un flujo mínimo para funcionar que ya en ese año costaba cumplir por la “importante disminución de las descargas de buques”, como se recoge en el BOE. El déficit acumulado del sistema supondrá solo en 2019 algo más de 100 millones de euros.


• Almacén de gas Castor. El fiasco de este almacén de gas construido frente a la costa de Tarragona y participado por la concesionaria ACS está hibernado. Según el acuerdo con el Estado previo a la construcción, la compañía no asumía ningún riesgo; si algo fallaba, la empresa sería indemnizada a cargo de la factura del gas de los consumidores. Cuando el proyecto se paralizó en 2013 tras cientos de temblores, se asumió una deuda con la empresa (en realidad con los bancos que financiaron Castor) de 1.350 millones de euros, que el Gobierno se comprometió a pagar en 30 años. En el presupuesto de la retribución al sistema gasista para 2019 estaban incluidos los 8,7 millones que este año habría que desembolsar por el mantenimiento del almacén parado. Sin embargo, la campaña #NoEnMiFactura promovida por la plataforma ciudadana Caso Castor, logró en enero de este año que el Gobierno, responsable de fijar los costes que se reconocen al sistema gasista, eliminara Castor del recibo. El mismo colectivo ahora pelea por que se devuelva el dinero.

¿Qué impacto tiene este sistema de gas de lujo infrautilizado en la factura del gas de los consumidores?

Tal y como recoge la CNMC en su informe del sistema gasista de 2018, “el precio final del gas para el consumidor doméstico (impuestos incluidos) se sitúa como el cuarto más caro de Europa, principalmente por el mayor coste de los peajes por el uso de la red. Si se consideran los precios antes de impuestos, el precio en España es el segundo más caro de Europa”.

¿Cómo valora la industria del gas la situación actual?

Durante 2018, un total de 33 nuevos municipios se conectaron a la red de gas natural. Son cifras de la patronal del sector, Sedigas. Hoy en día, el suministro llega a 1.792 municipios de todo el país, un número que ha aumentado cada año desde 1985. Este organismo concluye que “todavía existe un amplio potencial de crecimiento”, es decir, seguir construyendo más redes de distribución.

¿Tiene sentido seguir construyendo redes de gas en un momento de transición energética?

Ahora mismo, los consumidores pagan en su recibo un sistema que se diseñó para una demanda que nunca llegó. Hay más de lo que se necesita, y se precisará aún menos a medida que entren más renovables en el sistema, cuyos costes han caído exponencialmente en los últimos cinco años.